Dos marroquíes, también integrantes de la organización, en busca y captura.
El tribunal de la Audiencia dictó ayer sentencia contra una mujer, acusada de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, a dos años de prisión. Pero no entrará en la cárcel. Al carecer de antecedentes y cumplir con el resto de requisitos legales, se le suspenderá la pena de prisión durante un periodo de tres años. La acusada, Z.B., se mostró conforme con la pena, previo acuerdo con la Fiscalía, y se declaró culpable de haber tratado de colar en el puerto a un ciudadano marroquí con otra documentación. Hasta nueve policías nacionales estaban citados al juicio pues detrás del intento de esta mujer de ayudar a embarcar a un inmigrante indocumentado con destino a la península había una organización en la que se detuvo a dos personas más como integrantes de la misma, según el escrito de acusación de la Fiscalía.
Pero estos dos acusados están en busca y captura desde 2010 que ocurrieron estos hechos. La causa queda cerrada por tanto para la procesada pero volverá a enjuiciarse para los otros dos acusados, dos ciudadanos marroquíes, cuando sean localizados. Precisamente, la ausencia reiterada de los procesados a las diferentes citas judiciales ha provocado que la causa judicial se demorara hasta seis años, después de tres suspensiones previas.
