La magistrada del
Juzgado de lo Penal número 1 de Ceuta condenó ayer a una persona acusada de un delito de resistencia y otro contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, después de que en octubre de 2018 fuera detenida por la
Policía Nacional en la estación marítima cuando pretendía introducir de manera ilegal en la Península a un
inmigrante con un documento de otra persona. Tras ser descubierta por la Policía, no solo insultó a los agentes actuantes sino que además arremetió contra tres de ellos a los que causó distintas lesiones.
La figura jurídica de la conformidad evitó la celebración de juicio, ya que esta persona reconoció los hechos y aceptó la pena acordada entre Defensa y Fiscalía, con el visto bueno de la Acusación Particular, que representa los intereses de uno de los agentes lesionados.
Por el delito de resistencia aceptó una pena de 12 meses multa con una cuota diaria de 5 euros, lo que supone el pago de 1.800 euros, ya que se aplicó una agravante de reincidencia al constarle una condena de octubre de 2016 por el mismo tipo de actuación. Por el delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros aceptó una pena de 3 meses multa con una cuota diaria de 5 euros, es decir 450.
A todo ello se debe añadir el pago de hasta tres indemnizaciones a policías en concepto de responsabilidad civil: 540 euros para uno, 180 otro y el que resultó con mayores lesiones 9.000 euros. La magistrada aceptó, a petición de la Defensa, que el pago de esa responsabilidad civil pudiera hacerse de manera fraccionada en 24 meses. Casi dos años después se cierra con esta conformidad este episodio violento que finalizó como nunca se esperaba.
Al haber un acuerdo no fue necesario la celebración de juicio con la citación de los testigos o afectados por este suceso.
Otro juicio suspendido
De otra parte, en la jornada de ayer se suspendió la vista seguida por un delito contra la salud pública contra dos personas: A.S. e I.E.M., por unos hechos ocurridos en febrero de 2020. La decisión se adoptó ante la ausencia de uno de los acusados que, recién salido de prisión, ahora está en paradero desconocido presumiblemente en Marruecos. La magistrada ordenó su puesta en busca y captura. Los hechos enjuiciados se produjeron el 6 de febrero en el puerto, cuando la Guardia Civil abortó el embarque de un vehículo en el que había escondidos hasta 123 bloques de hachís con un peso superior a los 62 kilos. Fruto de las investigaciones practicadas se detuvo a estas dos personas, acusadas de preparar el pase del hachís entregando previamente el coche en Marruecos en donde fueron preparados los dobles fondos para la introducción de la mercancía. El pase de narcóticos fue abortado gracias a la rápida intervención de los agentes de la Compañía Fiscal.