Todo el mundo sabe que ni en el más optimista de los escenarios será posible haber municipalizado o externalizado de nuevo el servicio de limpieza pública viaria y recogida de residuos de Ceuta antes del próximo 31 de enero. Partiendo de esa premisa, la Comisión de técnicos y políticos a la que el Pleno ha encargado cuál es la forma “más sostenible y eficiente” de prestarlo ha priorizado en su reunión constitutiva de este martes aclarar qué pasará a la vuelta de apenas cien días.
El pasado 27 de enero el Gobierno de la Ciudad impuso a Trace la obligación, como adjudicataria durante los diez años anteriores, de seguir prestando el servicio “por un plazo de un año o hasta la formalización del nuevo contrato si ese plazo es menor”.
A la directora general de Medio Ambiente y Movilidad Urbana, Cristina Zafra, se ha encomendado la misión de poner negro sobre blanco si a la finalización del primer mes de 2024 la prestación debe revertirse a la administración o si procedería que Trace continuase prestando el servicio por más tiempo de forma externa.
El informe que evacúe servirá de marco para conocer, a corto y medio plazo, el escenario en el que deberá moverse el debate, pues una licitación de servicios o gestión de servicios exigirá meses de tramitación y una municipalización, otro trabajo igualmente ingente de adaptación y depuración de complementos personales transitorios para la plantilla actual de Trace, entre otras derivadas.
Con el encargo expreso de “analizar la forma de gestión más sostenible y eficiente” de gestionar la limpieza pública viaria y de “elaborar la memoria justificativa que sirva de soporte a la correspondiente resolución del Pleno”, la Comisión tiene en principio tres meses para terminar su trabajo, pero ese plazo se puede alargar o acortar.
En paralelo al dictamen de Zafra los técnicos tendrán que ir elaborando sus estudios sobre las alternativas de gestión y sus costes para que el conjunto del órgano los analice en reuniones que tendrán como mínimo periodicidad mensual.
El foro está presidido por el consejero de Fomento, Alejandro Ramírez (PP), y cuenta entre sus integrantes políticos con Sebastián Guerrero (PSOE), Juan Sergio Redondo (Vox), Fatima Hamed (MdyC) y Mohamed Mustafa (Ceuta Ya!). Como técnicos lo completan el gerente de Acemsa, Juan Manuel Sánchez; Cristina Zafra y dos representantes de la consejería de Hacienda e Intervención.
El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, aceptó por primera vez en la campaña de las últimas autonómicas explorar la posibilidad de municipalizar el servicio a la vista del descontento general con la prestación del mismo pese a que su coste anual ya llega a 26 millones de euros y del dineral que la administración destina al mismo objetivo a través de las Brigadas Verdes, Obimace, Obimasa, Tragsa y los Planes de Empleo.
El beneficio industrial de la concesión supera los 100.000 euros al mes, pero durante las últimas semanas el brío con el que parecía moverse el Ejecutivo local hacia la municipalización que apoyan Vox, MDyC y Ceuta Ya! ha amainado. Entre otros factores a ello ayuda el 'temor' a meter a más de 500 personas extra en nómina de la Ciudad, prejuicios ideológicos sobre la gestión pública, intereses empresariales y el brete en el que se metería al líder socialista, Juan Gutiérrez, que tendría que optar entre su carrera política y trabajar subrogado para una empresa municipal como encargado general de Trace que es, algo incompatible.
Pito pito gorgorito. Intereses créditos.?
No tiene por que ser incompatible el desempeño de su trabajo de D. Juan Gutierrez, en la empresa municipalizada con su condicion de concejal, hay muchos trabajadores de empresas municipales que compatibilizan su trabajo en estas con otras funciones en empresas privadas.
Parecen el comité de expertos del COVID