Hay palabras que parecen inocentes hasta que empiezan a comportarse como personajes secundarios de una novela. “Coincidencia”, por ejemplo. Una palabra amable, casi tímida, que uno usa cuando se cruza con alguien en el supermercado y finge sorpresa. Pero hay coincidencias que, cuando se repiten con la exactitud de un péndulo, dejan de ser casualidades y empiezan a reclamar categoría jurídica. Patrón, regularidad, sincronía sospechosa. Llámelo cada cual como quiera.
Lo señaló hace poco el ministro Óscar Puente, con esa franqueza que a algunos les irrita y a otros les sirve de despertador democrático. Cada vez que el PSOE mueve una pieza relevante, aparece, qué casualidad, un movimiento judicial o mediático que altera el clima público. No es una teoría, es un calendario. Y los calendarios, como los notarios, no opinan, certifican. Basta mirar las fechas para que la ceja se suba sola.
En la misma semana, por ejemplo, arrancó el juicio contra David Sánchez, hermano del presidente, mientras el juez Peinado citaba a Begoña Gómez para el último trámite antes del banquillo, llegando incluso a amenazar con detenerla si no acudía en persona, algo de encaje legal dudoso según varios juristas. Ambas denuncias nacieron casi a la vez, en la primavera de 2024, impulsadas por el mismo actor: Manos Limpias. Y ambas contenían errores de bulto: la supuesta subvención a Begoña Gómez que en realidad correspondía a una hostelera cántabra, o los “1,4 millones” en acciones del BBVA de David Sánchez que eran apenas 71.000 euros.
Mientras tanto, la causa contra Alberto González Amador, pareja de Ayuso, avanza con la velocidad de una obra eterna. Informes que tardan medio año en autorizarse, un juez nuevo que “tiene que empezar de cero”, y un juicio que no se espera antes de 2027. Dos años de diferencia entre unas causas y otras. Dos velocidades. Dos justicias.
Otro ejemplo. El caso Cristóbal Montoro y su “Equipo Económico”. La investigación empezó en 2018. Montoro fue imputado en 2021. Cinco años después, ni siquiera ha sido llamado a declarar. Mientras tanto, la fiscal que intentó investigar correos del Ministerio de Hacienda fue sancionada con 1.000 euros por desobedecer a su superior. Ocho años de instrucción para no haber registrado ni un despacho. La justicia, a veces, parece un reloj de arena mojada.
En el caso Zapatero, la pieza clave son unos mensajes del móvil de un empresario venezolano, clonados por EE.UU. en 2021. La duda es cuándo llegaron a España. Según la SER, entre febrero y marzo de 2026, justo cuando arreciaban las críticas de Donald Trump contra Pedro Sánchez por la posición española en la guerra de Irán. Cinco años de viaje para un archivo digital. A veces la geopolítica también tiene su propio sentido del humor.
Las maniobras de Leire Díez, la fontanera del PSOE, estaban siendo investigadas por un juzgado de Madrid desde 2025. Pero de pronto, la Audiencia Nacional entra en escena, ordena registros en Ferraz y asume parte del caso alegando un presunto “delito contra las instituciones del Estado”. Un delito castigado con multa, pero que, casualmente, es competencia exclusiva de la Audiencia Nacional. Y así, el caso cambia de manos. La pregunta es obvia: ¿por qué? La respuesta, no tanto.
Desde El País, Luis Barbero advierte de otro peligro: que el PSOE convierta estas coincidencias en un relato totalizante, una explicación única que lo exonere de sus propios errores y desgaste acumulado. El artículo recuerda cómo el PP cayó en la trampa del complot tras el 11-M, y cómo tardó años en salir del agujero narrativo que él mismo cavó. Es una advertencia pertinente. Hay coincidencias objetivas, hay velocidades judiciales distintas, hay decisiones procesales difíciles de explicar, pero también hay indicios de corrupción real. Ábalos, Koldo, Santos Cerdán, Leire Díez. No todo es conspiración. No todo es limpieza.
Desde el punto de vista jurídico, estas sincronías tienen un efecto colateral nada menor: erosionan la apariencia de imparcialidad, que es tan importante como la imparcialidad misma. La justicia no solo debe serlo; debe parecerlo. Y cuando los tiempos procesales parecen bailar al ritmo de la actualidad política, la confianza ciudadana empieza a resentirse. No por ideología, sino por simple sentido común.
El problema no es solo la coincidencia en sí, sino su efecto acumulado. Un país que vive en sobresalto permanente, donde cada decisión política viene acompañada de un trueno judicial que condiciona el debate público. Un país donde la agenda se escribe a la vez en el BOE y en los autos. Un país, en el que el principal partido de la oposición, el PP, tiene demasiada prisa en llegar a la Moncloa, aunque lo haga de la mano de la extrema derecha racista y xenófoba y, sobre todo, perdiendo las formas, ofendiendo, insultando y deshumanizando al adversario, olvidándose de sus propios casos de corrupción, muchos y muy graves, y sin un programa claro o una alternativa real para este país.
Quizá todo sea fruto del azar. Quizá el calendario judicial y el político se crucen sin intención, como dos desconocidos en un paso de cebra. Pero cuando las coincidencias se vuelven rutina, uno empieza a preguntarse si no estaremos confundiendo casualidad con causalidad.
Y, sobre todo, si una democracia madura puede permitirse vivir eternamente bajo la sombra de sincronías tan oportunas.
