Un
juicio se sabe cómo empieza pero nunca cómo va a terminar. El
‘caso Emvicesa’ inicia el camino con una petición global de casi
300 años de cárcel y una hilera de abogados centrados en
tumbar el origen de todas las pruebas aspirando a que
la vista más mediática en Ceuta termine desplomándose como un castillo de naipes.
Entre pasillos y conversaciones privadas hay quienes ponen el grito en el cielo por la llamada “coacción de la pena” señalando duramente a las acusaciones por solicitar condenas muy altas e incluso desproporcionadas en lo que entienden que es una manera de forzar a que el acusado elija el “camino menos malo”, reconociendo delitos para beneficiarse de rebajas considerables.
Es una visión legítima en torno a un procedimiento que ya arrastra de marca unas dilaciones indebidas y que recoge el empecinamiento que trae en su mochila la
Fiscalía por evitar que se escape por alguna grieta el considerado mayor asunto de corrupción
juzgado en la ciudad. Pesa, y de qué manera, la
Operación Monte, sobre todo cómo empezó y de qué forma se le tuvo que colocar el punto y final.
En la historia judicial en general y en la de Ceuta en particular se han publicado conformidades tan sorprendentes que de peticiones de años de prisión se pasó a condenas de multas sin que el tribunal tenga opción alguna a intervenir. La historia se escribe a base de negociaciones y en Justicia haberlas haylas.
La Acusación Pública trae los deberes hechos guardando cartas debajo de la manga frente a un bloque de letrados que aprovechó la primera sesión para reclamar la nulidad de todo e insistir en recusar a una jueza a la que las distintas escalas judiciales ya respaldaron. No vieron el primer gol judicial: la localización del oficio que no encontraba la Fiscalía sobre unas
escuchas de 2014. Esta semana se seguirán debatiendo cuestiones previas antes de la fase estelar de un juicio en el que por fin podrán hablar los acusados que llevan años esperando a, como popularmente se dice, ‘tirar de la manta’.
En el punto de mira hay algo más que el trueque de casas a cambio de dinero, existe todo un cuestionamiento sobre la política que en materia de vivienda practicaba el gobierno y que empezó a sembrar dudas no con la promoción de las 317 nunca cumplimentada sino con las 170 de Loma que alimentó un runrún de favores con las que topó la UDYCO cuando intentaba esclarecer uno de tantos crímenes que salpicaba la crónica de sucesos de la ciudad.