El Gobierno central y el de Canarias quieren sacar adelante una reforma de la Ley de Extranjería que obligue a las comunidades autónomas, por primera vez, a acoger a los menores inmigrantes que han llegado a zonas con los recursos ya saturados, como en el caso de Canarias, Ceuta y Melilla.
Tras meses de negociación, ambos Ejecutivos han cerrado un texto que ha sido presentado a los grupos políticos “para pedir su apoyo en la futura tramitación parlamentaria y que mostrarán a las comunidades autónomas en una Conferencia Sectorial en Canarias en la primera quincena de julio”.
De acuerdo con la información publicada por la agencia EFE, con la firma de Laura López, la medida responde “a una reivindicación histórica de Canarias, actualmente con sus recursos sobrepasados”.
No obstante, se ha hecho hincapié en que su gestación “ha despertado muchas dudas entre los partidos”, de los que depende que salga adelante, y las autonomías, que deberán aplicarla.
Para entender en qué consiste la propuesta y cuáles son las diferentes dudas y sensibilidades que ha despertado, a continuación los 5 puntos fundamentales:
La medida propone modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería para establecer el deber obligatorio de todas las comunidades autónomas de atender a los menores inmigrantes que hayan llegado a zonas cuyos recursos están tensionados, como ocurre con Canarias, Ceuta y Melilla.
El texto sobre el que se trabaja establece que, cuando los recursos de acogida de una comunidad estén por encima 150% de su capacidad, los menores se deriven a otras regiones del país en función de criterios acordados en 2022 con las comunidades en una Conferencia Sectorial, como el PIB o la población.
La propuesta busca dar respuesta a un acuerdo alcanzado entre PSOE y Coalición Canaria, que permitió la investidura de Pedro Sánchez, después de que el mecanismo actual de reparto, basado en la solidaridad y la voluntariedad, haya fracasado.
Actualmente hay más de 6.000 menores no acompañados en las islas, según el Gobierno autonómico, cuando se considera que su cupo de acogida es de 2.000, pero otras comunidades se quejan de que, aunque en menor medida, sus recursos también está al límite.
Según los últimos datos de Interior, hasta el pasado 31 de marzo -cuando la cifra de menores acogidos en Canarias era de 4.663- la segunda comunidad que más jóvenes extranjeros acogía era Andalucía (1.790), seguida por Madrid (1.542), Cataluña (1.474) y la Comunidad Valenciana (1.061).
Por el contrario, las regiones con menos acogidos eran La Rioja (11), Cantabria (33), Extremadura (68), Asturias (76), Navarra (118), Aragón (125) y Castilla-La Mancha (147).
La reforma legal que se plantea -que aún no se sabe si tendrá forma de proposición de ley, como quiere el Gobierno central, o un decreto ley, como persigue Canarias- necesitará el apoyo de los grupos parlamentarios para salir adelante y, en esta fase, sus promotores miran al PP.
El partido de Alberto Núñez Feijóo no ha aclarado su posición respecto a la reforma, pero ha recalcado que hay que consensuarlo con las comunidades autónomas y ha puesto algunas objeciones, como la necesidad de incluir mayores garantías sobre la financiación.
El PP forma parte del Gobierno de Canarias junto a Coalición Canaria pero, al mismo tiempo, gobierna con Vox en cinco comunidades autónomas y esta formación ya ha amenazado con que un apoyo del PP a la reforma podría llevarles a revisar sus pactos en esas regiones.
El apoyo del PP es fundamental porque gobierna en 11 de las 17 comunidades, que son las que tendrán que aplicar la ley, y porque los números por la parte de los socios de investidura tampoco salen: Junts ha dicho "no" a la reforma a no ser que se excluya expresamente del reparto a Cataluña.
Buena parte de las comunidades autónomas se ha quejado durante todos estos meses de falta de transparencia por parte del Gobierno a la hora de redactar este texto, en lo que consideran una negociación "bilateral" con Canarias de un asunto que afecta a todas.
El malestar es tal que, el pasado 11 de junio, muchas de las autonomías que acudieron a una Conferencia Sectorial dispuestas a aprobar el reparto de 400 jóvenes a través del actual mecanismo de solidaridad, decidieron posponer esta derivación al enterarse por los medios, ese mismo día, que el Gobierno central y el canario habían cerrado un acuerdo sobre la reforma legal.
En los últimos días, el Gobierno de Ceuta (PP), que dice estar también desbordado y sería otro de los beneficiados por la norma en el futuro más inmediato, ha defendido la propuesta y llamado a la solidaridad de las autonomías.
En el otro lado de la moneda, la Generalitat de Cataluña ha mostrado su rechazo y pedido que se respeten sus competencias en materia de infancia, además de evitar "la imposición unilateral del Estado en el reparto de los menores".
Una imposición a la que también se ha referido el Ejecutivo de la Región de Murcia, donde gobierna el PP con Vox, que ha pedido financiación "asegurada" y tener en cuenta la singularidad de esta región, "puerta natural de entrada de migrantes".
Con mejor disposición se han mostrado los Gobiernos de Extremadura y Castilla y León, ambos gobernados por la misma coalición: el primero ha asegurado que cumplirá la legislación "guste más o guste menos" y el segundo ha ofrecido su "máxima disposición" a seguir acogiendo a menores extranjeros mientras que ha eludido comentar la posible incidencia de su postura en su acuerdo de Gobierno con Vox.
Castilla-La Mancha ha pedido que se escuche a las autonomías y se las dote de la financiación correspondiente porque "si no, es materialmente imposible" la acogida y Euskadi, sin entrar a evaluar la reforma, ha apelado a la corresponsabilidad y el "respeto al marco competencial".
Mientras se aclaran todas estas dudas en torno a la reforma legal, organizaciones y entidades sociales en defensa de los derechos de la infancia y de los inmigrantes como Acnur, Unicef España y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) han llamado a no perder el foco de lo más importante: el interés superior del menor.
Sobre esta cuestión, el director de CEAR, Mauricio Valiente, ha señalado, en declaraciones a EFE, que apoyan la creación de este mecanismo y, aunque creen que hay que cambiar la Ley de Extranjería en muchos otros aspectos, piensan que esta situación "requiere una respuesta urgente".
Ha apuntado que "el aspecto más delicado" de la reforma es lo que tiene que ver con los primeros días de recepción de los jóvenes antes de su posible traslado, un momento crucial para el que la ley debería contemplar un operativo que atendiera correctamente los derechos de los menores.
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