Los servicios de la Ciudad Autónoma han desmantelado un total de 512 asentamientos irregulares desde la crisis migratoria de mediados de mayo del año pasado que posteriormente devino en humanitaria, según los datos que maneja el Ejecutivo local, que cifra en unos setenta los retirados desde que comenzó el presente ejercicio. Se trata de un trabajo continuo que se ha efectuado “en colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, la Asociación de Voluntarios de Protección Civil de Ceuta, Cruz Roja y SAMU”.
Cientos de personas que habían accedido irregularmente a la ciudad se refugiaron temporalmente en distintas zonas urbanas y, sobre todo, forestales y del litoral. Así, las intervenciones se han extendido desde Cortijo Moreno hasta Pozo Rayo-Monte Hacho y la Fortaleza pasando por Martínez Catena y Santa Catalina; aparcamiento del Campus Universitario; Recinto Sur; playa del Sarchal-calle Molino; escolleras de Alfau; playa del Trampolín (Calamocarro); barriada Postigo; monte Ingenieros; playa de Punta Blanca; urbanización La Colina; Los Rosales; poblado de Sanidad; Juan Carlos I; Sardinero; Benzú; depuradora de aguas; barriada La Reina; O´Donnell; y Fuente Caballos.
Para dignificar la acogida a los adultos y mayores llegados a la ciudad hubo que habilitar distintos alojamientos de emergencia cuya “desescalada” casi ha terminado.
El Gobierno de Ceuta ha cifrado en “más de 20 millones de euros” el coste de la respuesta que tuvo que implementar a la crisis migratoria de mayo de 2021, cuando unos 12.000 marroquíes entraron irregularmente en la ciudad durante 72 horas. Al margen de los equipamientos habilitados para menores y adultos, el Ejecutivo local triplicó los servicios de limpieza y desinfección en playas (y en el conjunto de la ciudad autónoma de forma extensiva) hasta triplicar los disponibles de forma ordinaria, implantó otro de auxilio y atención al ciudadano en lugares de alta concurrencia de personas (plazas, jardines, parques y otros espacios públicos), amplió el servicio de vigilancia de playas (en apoyo de la Policía Local), activó un plan de vigilancia forestal a través de Obimasa en atención al incremento del riesgo de incendios.
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