La Ciudad recibe una propuesta para explotar parte del edificio en la manzana del Revellín

El Gobierno de Ceuta ha recibido recientemente una propuesta formal de una empresa interesada en rehabilitar y explotar parte del edificio vacío situado en la emblemática manzana del Revellín. La iniciativa fue registrada oficialmente el pasado lunes 29 de septiembre, según ha detallado el consejero de Urbanismo y Transportes, Rafael Martínez Peñalver, durante una sesión del Pleno en la que el Grupo Socialista solicitó información concreta sobre los usos previstos para esa infraestructura.

Este movimiento abre una nueva etapa en el proceso de reactivación de uno de los espacios más simbólicos y, al mismo tiempo, más desaprovechados del centro urbano de Ceuta. De acuerdo con la intervención del consejero, el siguiente paso será que el equipo técnico de la Consejería analice en profundidad la propuesta. En ese análisis se determinarán las plusvalías que obtendría la empresa por su explotación comercial, así como la correspondiente compensación en superficie construida que le correspondería a la Ciudad.

Actualmente, no hay decisiones cerradas ni sobre los plazos ni sobre los espacios concretos que serán destinados a usos públicos. Sin embargo, hay una cuestión normativa que sí está clara: el uso comercial que se le podrá dar al inmueble no podrá superar el 30% de la superficie total, en línea con lo que establece el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Limitaciones normativas y proceso técnico

Durante el Pleno, Peñalver se mostró tajante al subrayar que cualquier interpretación que sugiera una mayor explotación comercial, como un 40%, carece de base legal: “La normativa solo permite compatibilizar hasta un 30%”, afirmó. Esta precisión busca evitar malentendidos respecto al modelo de ocupación del espacio y sus límites legales.

Una vez completado el estudio sobre los beneficios que podría obtener la empresa, se deberá negociar y firmar un convenio urbanístico, donde quedarán delimitadas las condiciones del acuerdo: cuáles zonas serán destinadas al uso comercial privado y cuáles estarán reservadas para fines públicos. Este reparto incluirá posibles usos educativos, culturales o sanitarios, entre otros, para garantizar que la ciudadanía también se beneficie de la operación.

Uno de los puntos clave que debe resolverse es precisamente la localización de los espacios públicos. Desde el PSOE se solicitó un cronograma detallado que incluya el calendario de ejecución de las actuaciones, así como información específica sobre la parte del edificio que será destinada a disfrute público, que se presume será la planta superior, orientada hacia la calle Padilla.

Convenio previo y estudio topográfico

La empresa promotora ya ha presentado un primer documento técnico, concretamente un levantamiento topográfico, como base para el diseño del proyecto de uso. Según Peñalver, este documento se enmarca dentro de un convenio marco previamente firmado entre la administración y la entidad privada, que ya fue sometido a un proceso de información pública.

Durante dicho proceso, se recibieron diversas alegaciones, lo que llevó a la necesidad de elaborar un nuevo documento más preciso, que está en fase de redacción. Ese texto deberá recoger de forma detallada los usos propuestos, las superficies afectadas y la compensación que deberá realizar la empresa por las plusvalías que obtenga con la explotación del edificio.

El portavoz socialista, Sebastián Guerrero, no ocultó su frustración durante la sesión plenaria. “Llevamos un año solicitando respuestas claras, y seguimos recibiendo los mismos argumentos”, afirmó. Guerrero recordó que esta situación se arrastra desde la inauguración del Teatro del Revellín en 2011, y denunció el estado de abandono y el deterioro progresivo del edificio, ubicado en pleno corazón de la ciudad.

La iniciativa privada, clave para desbloquear el proyecto

Frente a las críticas, Peñalver insistió en que la responsabilidad de activar el proyecto recae sobre la empresa privada. Según explicó, la función de la Ciudad Autónoma es la de garantizar que se cumpla la normativa urbanística y que se respete la proporcionalidad en la compensación a la ciudadanía.

“El impulso le corresponde a la empresa. La administración debe velar porque se cumpla la legalidad y porque se garantice que la ganancia privada vaya acompañada de una aportación tangible a lo público”, reiteró el consejero. En este sentido, advirtió que si la empresa no está dispuesta a asumir el límite del 30% de uso comercial, el proyecto no avanzará.

Mientras tanto, la incertidumbre continúa sobre el destino de un inmueble estratégico para la revitalización urbana de Ceuta. La ciudadanía, y especialmente la oposición, reclaman mayor transparencia, plazos concretos y una visión clara del papel que jugará este edificio en la vida social y cultural de la ciudad.