La Ciudad Autónoma de Ceuta ha empezado a dar forma su objetivo de tener diseñada antes de octubre una “propuesta sobre la estructura organizativa y de funcionamiento que, a corto plazo, se considere adecuada implantar para dar una respuesta satisfactoria y estable al objetivo de mantener y mejorar la calidad de los servicios urbanos y medioambientales” que actualmente operan de forma disgregada con un desembolso anual de alrededor de 40 millones de euros para las arcas municipales.
La idea es unificar y gestionar con mayor eficacia y eficiencia todos los servicios relativos a la limpieza, la recogida de residuos, el cuidado de las zonas verdes y la conservación y el mantenimiento de las vías y otros espacios públicos, los paseos, las playas, los montes, el mobiliario urbano, los senderos, los parques infantiles y biosaludables, las pistas deportivas descubiertas y otros de análoga naturaleza.
El plan del Ejecutivo local se estructura en tres fases que deberán ir acompañadas de los preceptivos ajustes en forma de complementos a extinguir en el caso de quienes ya disfruten de condiciones salariales o laborales más ventajosas.
La primera afectaría a las empresas municipales que actualmente están afectas a ese ámbito, concretamente Obimasa y Obimace, que cuentan con 53 y 146 trabajadores, respectivamente, y un presupuesto global este año de casi 13 millones de euros de los que casi 9 se destinan a gastos de personal.
La unificación de esas dos sociedades daría paso, en una segunda fase, a la integración en una sola estructura de las Brigadas Verdes y la plantilla que actualmente tiene Tragsa al servicio de la Ciudad en trabajos de adecentamiento de espacios urbanos.
El personal conveniado con la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV) suma un total de 134 operarios y son cerca de cien los trabajadores incorporados a través del medio propio. El coste de las primeras ronda los 3 millones de euros al año y el de los segundos se acerca a cuatro millones de euros al año.
La tercera y última fase de la hoja de ruta planteada por el Ejecutivo local depende de la decisión que finalmente se adopte sobre la municipalización o no de la limpieza pública viaria, cuya actual prestataria sin contrato, Trace, ya tiene en nómina más de 500 operarios. Su coste se acercará este ejercicio a 26 millones de euros.
Si la Ciudad acuerda asumir su gestión directa debería activar un expediente como el que el año pasado por estas fechas se decidió poner en marcha para hacer lo mismo con el transporte colectivo urbano, del que se hizo cargo Amgevicesa desde finales de 2022.
El objetivo de la administración es “atender de manera urgente las necesidades de los servicios urbanos y medioambientales y, por tanto, mejorar la calidad de los mismos mediante el aprovechamiento racional y óptimo de todos los recursos y medios susceptibles de ser empleados, sean estos propios, contratados o concertados”.
