La consejera de
Hacienda, Kissy Chandiramani, someterá hoy a la consideración de Comisión Informativa la aprobación de un Decreto para modificar el Reglamento de
Apuestas de la Ciudad de 2010 con el fin de introducir determinadas limitaciones a la actividad de los salones de juego y crear el Registro de Interdicciones con un triple objetivo: frenar la proliferación de ese tipo de actividad, evitar que los menores accedan a esos establecimientos o tengan contacto con ellos y blindar la entrada de quienes constan como no autorizados para entrar.
El Gobierno de Vivas se propone “atemperar” el crecimiento del número de locales de juego y apuestas que se ha registrado en la ciudad durante los últimos años.
La modificación del Reglamento recogerá el número máximo de autorizaciones de funcionamiento de locales de esa naturaleza será “el que resulte de aplicar la ratio de un salón de juego por cada 16.000 habitantes”, pero que en cualquier caso los que pudieran ponerse en marcha “habrán de estar a una distancia a pie o poligonal superior a 100 metros respecto de otro local específico de apuestas o salón de juego, guardería, centro de Educación Infantil o de enseñanza no universitaria a excepción de los de personas adultas”.
Además, la instalación de terminales de apuestas “sólo podrá autorizarse en los locales específicos, casinos, bingos o salones de juego de tipo B”.
El texto también estipula que los salones “deberán disponer de un servicio de control de admisión a la entrada para identificar a los usuarios que accedan y registrarlos con la presentación de DNI, NIE o pasaporte”.
La empresa titular de cada uno de ellos será la responsable del incumplimiento del deber de prohibir el acceso a los menores de edad y a las personas inscritas en el Registro de Interdicciones de Acceso al Juego, que es “el sistema destinado a recoger la información necesaria para hacer efectivo el derecho subjetivo de los ciudadanos a que les sea prohibida la entrada en los casinos de juego, salas de bingo, locales específicos de apuestas y salones de juego”.
Dicho Registro estará soportado por un sistema informativo que cumpla “estrictamente” la normativa vigente.
Diez años de plazo para continuar en la ubicación actual
Los salones de juego y locales de apuestas que no cumplan cuando les toque renovar su autorización de funcionamiento con la nueva distancia mínima con respecto a guarderías y centros educativos pero sí con el resto de requisitos establecidos dispondrán de un plazo de diez años desde la entrada en vigor de la modificación del Reglamento para seguir operando. En el caso de las máquinas de apuestas instaladas en locales de hostelería, las empresas autorizadas “podrán continuar explotándolas” en sus locales, según recogen las Disposiciones Transitorias incluidas en la propuesta de cambio de la normativa local.
La patronal del juego rechaza el veto a menos de 100 metros de aulas
La Asociación Empresarial de Salones de Juego y la Asociación Española Club de Convergentes han pedido modificar la propuesta de modificación del Reglamento de Apuestas de la Ciudad en lo tocante a las distancias mínimas con respecto a centros educativos que se exigirá a los locales de juego.
La primera, ASEJUCE, se pronunció “en contra” de la “intensidad” de la medida propuesta por el Ejecutivo local “en base a su carácter discriminatorio y su falta de proporcionalidad, necesidad y efectividad”. La Plataforma para el Juego Sostenible, por su parte, centró su alegación en “la proyectada eficacia de esa medida en relación con las autorizaciones ahora vigentes”.
El MDyC propuso llevar la distancia mínima entre locales a 500 metros
El
MDyC también presentó tres reclamaciones al texto, pero en sentido diametralmente opuesto. La formación localista planteó la conveniencia de elevar a 500 metros la distancia entre locales específicos de apuestas y con respecto a establecimientos de guardería o enseñanza.
El Gobierno de la Ciudad prevé dar un plazo de nueve meses a las empresas titulares de salones de juego para que implanten un servicio de control de admisión acorde con las previsiones que contendrá la nueva normativa local. Igualmente contempla suspender la concesión de autorizaciones presentadas con posterioridad a la aprobación del proyecto de Reglamento.