La ciudad autónoma vuelve a contar con cerca de 10.000 empleados públicos. Según los datos de la última edición del Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas que acaba de publicar el Registro Central de Personal del Ministerio de Hacienda y Función Pública, Ceuta cuenta actualmente con 9.947, casi 250 más que Melilla y cerca de un millar por encima de las cifras de hace un lustro. En 2017 eran 9.143, muy por debajo también de los datos de 2012, cuando el censo local se elevaba a 9.757.
El total actual se reparte entre 8.364 efectivos de la Administración General del Estado y 1.583 de la Ciudad Autónoma, en ambos casos con casi el doble de hombres que de mujeres: 5.617 y 1.011 frente a 2.747 y 572, respectivamente.
Por departamentos, para la Administración del Estado de manera estricta trabajan 3.742 personas en Ceuta, mientras que 4.423 lo hacen para el Ministerio de Defensa y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Otras 199 lo hacen para la Administración de Justicia.
Desglosados por su tipología, un total de 1.288 están al servicio de organismos autónomos como el Instituto de Gestión Sanitaria (764 como funcionarios de carrera y 77 como personal laboral), mientras que los adscritos al núcleo central de la Administración del Estado son 1.315 empleados con plaza y 313 ‘laborales’. En el cajón desastre de ‘Otros’ se insertan más de mil trabajadores extra.
En el área de docencia no universitaria trabajan 1.524 personas en Ceuta, un total de 627 como interinos, mientras que para entidades universitarias lo hacen 163 docentes y Personal de Administración Servicios (PAS).
Hace 20 años, en 2002, eran 10.671 los empleados públicos destinados en la ciudad autónoma, un 7% más que ahora. En 2010 su número todavía seguía por encima de los 10.000 (10.078).
En el conjunto del país hace dos décadas había 2,3 millones de empelados públicos, mientras que ahora se cifran en 2,7. En 2010 eran 2,6.
La llegada de Mariano Rajoy al Gobierno en 2011 en plena crisis supuso un frenazo en la contratación pública. La tasa de reposición cero supuso una drástica disminución de efectivos públicos. Entre 2012 y 2017 la Administración estatal recortó su plantilla en cerca de 60.000 efectivos.
El Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de Ceuta presenta como una de las debilidades de la ciudad su “estructura productiva con escasa diversificación y alta dependencia del sector público”.
El documento señala expresamente entre sus objetivo acometer “refuerzos de personal” no solamente en ámbitos básicos como Educación, Sanidad o Servicios Sociales, sino también en la Delegación del Gobierno, el Instituto de Medicina Legal, la Dirección Territorial del SEPE o la Tesorería General de la Seguridad social.
Para los sanitarias se ha planteado la declaración de áreas/puestos de difícil desempeño y cobertura médica en Ceuta y otros incentivos, estableciendo un plan encaminado a fidelizar al personal existente y a captar a nuevos profesionales.
En las aulas la idea es poner en marcha un incremento del personal docente y otro personal escolar al servicio del Ministerio de Educación”. Concretamente, se producirá “un incremento del cupo de personal docente para acceder a la media estatal de ratio docente/alumnos, y una mejora de la provisión del personal laboral escolar”.
En 2022, según la última Encuesta de Población Activa (EPA) el sector público creó 50.700 empleos y finalizó el año en un nuevo máximo de 3,5 millones de ocupados, en tanto que el empleo privado acabó 2022 con 16,9 millones de trabajadores. La EPA muestra 408.000 empleados públicos más que a cierre de junio de 2018, fecha que coincide con el desembarco de Sánchez en La Moncloa.
A lo largo 2023 se prevé que el empleo público seguirá creciendo y que se seguirán convocando nuevas oposiciones, en buena parte para cubrir plazas vacantes por jubilación y, también, para convertir en fijos a los interinos. Durante el presente ejercicio, marcado por las elecciones de primavera y fin de año, se convocarán hasta 27.509 plazas en la Administración General del Estado, una estela que seguirán las administraciones económicas y locales. Hasta 11.417 plazas serán de ingreso libre y otras 16.000 de promoción interna.
El Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas tiene como objetivo “presentar la información que facilite el conocimiento de los efectivos al servicio de las distintas Administraciones Públicas”.
Comenzó a publicarse en 1990 y tiene carácter semestral. Desde la edición de julio 2019, el Boletín presenta una estructura de datos adaptada a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; esto implica la desagregación de la información distinguiendo los departamentos ministeriales de sus organismos autónomos, la inclusión de las universidades públicas dentro de la Administración de las Comunidades Autónomas o la inclusión de nuevos organismos en el sector institucional del Estado.
Más de 27.000 para 2023. El número de plazas convocadas a principios de este año en el BOE para el Estado asciende a 27.509. De estas, 13.157 corresponden al Cuerpo General Administrativo; otras 6.474 se concentran en el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado; y otras 4.086 para el Cuerpo General Auxiliar.
Récord. El número de funcionarios en España se sitúa ya en 2.731.117, una cifra histórica de empleo público que incluso queda lejos de las que se contabilizaban en los peores años de la recesión económica, que se inició en 2008. Las administraciones autonómicas tienen ya más de 1,6 millones de 'funcionarios', mientras que las corporaciones locales dan empleo a casi 599.000 efectivos, la mayoría personal laboral. Por su parte, el sector público estatal suma ya 515.000 trabajadores, 264.000 en las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad.
Jubilaciones, sobre todo en el Estado. La Administración Pública Estatal, en la que el 82% de la plantilla es funcionario de carrera, tiene como principal problema el envejecimiento de la plantilla. La mayoría de sus trabajadores lograron plaza en los 80 y está a punto de jubilarse. En total, será más de 300.000 empleados que se jubilarán antes de 2025.
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