El delegado del Gobierno, José Fernández Chacón, destacó ayer que las empresas afectadas por las reglas de origen dejaron de exportar en octubre del año pasado. Igualmente, certificó que los derechos arancelarios que ahora le reclama la Agencia Tributaria corresponden a los tres años sobre los que tienen capacidad para exigir.
Si se adentró en afirmar que los productos sobre los que se exigen estos derechos arancelarios no cumplen la posibilidad de ser considerados como productos originarios de Ceuta y que por tanto no queda más remedio que abonen esos derechos para entrar dentro del territorio de la Unión Aduanera.