El
Juzgado de lo Social de Ceuta verá este martes el conflicto colectivo interpuesto por
CGT por los contratos del Plan de Empleo 2021-2022 de la
Delegación del Gobierno, en el que tampoco se aplicó a los 722 beneficiarios el Convenio del Personal Laboral de la Administración General del Estado, con el que sus salarios hubieran sido sensiblemente superiores. El abogado del sindicato, Luis Ocaña, y su secretario general en Andalucía, Miguel Montenegro, han recordado antes de la vista que ya han judicializado cuatro ediciones de esos programas por el mismo motivo y han alegado que la Delegación no se puede amparar para pagar menos en que se trata de contrataciones sociales. El letrado ha denunciado que “desde el punto de vista jurídico se ha hecho un Plan y una interpretación antisocial del Derecho porque cuando se acude a programas de este tipo hay que cumplir y respetar la ley, no discriminar a los trabajadores y no pagarles menos”. “Lo que ha hecho la Delegación es una burla de reiteradísimas sentencias y un atropello de los derechos de los trabajadores porque lo que persigue un Plan de Empleo es precisamente integración e igualdad”, ha apostillado. La CGT, que también ha denunciado a la Fiscalía la actuación de la Delegación por si apreciase indicios de responsabilidad penal, calcula que el Estado deberá hacer frente a indemnizaciones de incluso más de 6.000 euros por trabajador para compensar las cantidades que percibieron de menos. La institución de la plaza de los Reyes gestionó por última vez en la edición 2021-2022 los
Planes de Empleo, que este año han vuelto a quedar íntegramente en manos de la Ciudad, que sí paga su Convenio de Laborales. Montenegro ha subrayado que “se tiene que pagar lo que corresponda a cualquier trabajador sin discriminación”. “Cualquier ciudadano, pero más la Administración, debe respetar el artículo 14 de la Constitución”, ha resumido el sindicalista sobre una pérdida de ingresos que también se traduce en menos cotizaciones a la Seguridad Social y, por lo tanto, inferiores prestaciones por desempleo o pensiones. CGT también participará el próximo jueves en los juicios que se celebrarán por los despidos, a su juicio nulos de varias trabajadoras sociales de la Ciudad que habían sido contratadas para tramitar los expedientes de los niños migrantes solos que llegaron a Ceuta en mayo, aunque la central opina que la bolsa de trabajo de la que procedían y los puestos de trabajo que ocupaban son “permanentes”. Según Ocaña será “otra cita importante desde el punto de vista judicial” para ver las demandas interpuestas en defensa de ese personal despedido en abril “sin comunicación siquiera por escrito”. “Apoyamos los derechos de esos trabajadores afectados por un cese que entendemos ilícito y por eso ponemos todo nuestro esfuerzo y saber con el objetivo de que se haga justicia y se repare el daño que han sufrido junto a sus familias”, ha concluido Montenegro.