Ceuta Ya! ha registrado alegaciones a la Ordenanza de actuaciones protegidas o de protección pública en materia de vivienda con el objetivo de frenar lo que consideran una “segregación geográfica en virtud de la renta”. La formación que lidera Mohamed Mustafa sostiene que el actual diseño del plan favorece un modelo de ciudad desigual en el que el centro queda reservado para quienes tienen mayores ingresos.
Según explicó el secretario general de Ceuta Ya!, Mohamed Mustafa, la normativa planteada por la Ciudad “perpetúa la segregación geográfica en virtud de la renta, es decir, que el centro siga siendo terreno vedado para las economías más humildes”. Mustafa calificó este modelo de “clasista e infame”, subrayando que no contribuye a una ciudad cohesionada, sino que consolida las desigualdades sociales.
En esa línea, una de las alegaciones presentadas por el partido señala que “el nivel de renta de las familias potencialmente beneficiarias debe servir, exclusivamente, para determinar el valor del alquiler, en ningún caso para determinar ni el emplazamiento ni la calidad de la construcción”.
Ceuta Ya! plantea simplificar el esquema de precios con únicamente dos tipos de alquileres:
Alquiler social de 250 euros mensuales para familias con ingresos inferiores a dos veces el IPREM (incrementado en un 25%).
Alquiler general de 500 euros para quienes superen ese umbral.
Asimismo, defienden que la ordenanza debe fijar de manera “clara” los límites de renta de las unidades familiares que opten a una vivienda pública. En este sentido, la formación propone que se establezca un máximo de 3,5 veces el IPREM (también incrementado en un 25% respecto al valor anual).
Otra de las medidas planteadas busca asegurar un reparto equilibrado en cada promoción: “Que se adjudique el 80% de las viviendas de cada promoción a las rentas a las que corresponda el alquiler social y el 20% para alquiler general”, lo que implicaría dar prioridad a las familias con menos recursos.
Ceuta Ya! también exige blindar la normativa frente a posibles prácticas especulativas que, a su juicio, han desvirtuado promociones anteriores. Mustafa puso como ejemplo las viviendas de Serrano Orive, que “fueron promovidas para jóvenes y que ahora son propiedad de personas que rozan el medio siglo de edad”.
La formación considera fundamental evitar que estas situaciones se repitan y reclama que la ordenanza incluya mecanismos efectivos para garantizar que las viviendas públicas cumplan con su función social y no se conviertan en objeto de compraventa especulativa.
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