Varias comunidades autónomas han expresado su intención de solicitar una prórroga en la liquidación de 2008 relativa a la financiación autonómica, además de presentar una petición para que dicho pago no se efectúe de forma inmediata. El Gobierno de la Nación ha anunciado una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, ante lo que se podría dar la posibilidad de que el resto de comunidades autónomas se sumen a dicha petición. La portavoz del Gobierno local, Yolanda Bel, ha anunciado que también la Ciudad se sumaría a esta demanda, una vez se conociera si el asunto se tratará de manera unilateral entre Estado y cada una de las comunidades, o bien será un asunto a incorporar en el orden del día de modo que la totalidad de las autonomías puedan abordar el tema conjuntamente.
En cualquier caso, la intención es convocar el órgano con carácter inmediato una vez finalice el periodo vacacional. “Lo adecuado es que el asunto se pudiera abordar entre el Estado y todas las comunidades en ese foro para trazar una línea común, y no de manera independiente por parte de cada comunidad autónoma”, opina Bel.
Tras hacerse públicas las cifras de esta liquidación que las distintas comunidades deberán devolver al Estado en los próximos cinco años, se conocía que Ceuta debe devolver 1,9 millones de euros, un déficit que, tal y como ya apuntaba Bel, no repercutirá ni en las políticas sociales ni en los servicios básicos, en cuanto, aseguraba, la premisa del Gobierno local es la prioridad de los servicios prioritarios dirigidos al ciudadano.
El mantenimiento de los servicios básicos y las políticas sociales se basan en una reducción del gasto prescindible y para 2011 continuarán en la misma línea que la establecida este año.
Al margen de las conclusiones obtenidas en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, la Consejería de Hacienda está barajando los posibles escenarios para la forma de pago y los plazos a ejecutar.
Según los datos del Ministerio de Economía y Hacienda, la liquidación de 2008 de la financiación autonómica arroja un saldo a favor del Gobierno de más de 5.500 millones de euros, que deberán abonar las autonomías en los próximos cinco años.
Madrid es la única autonomía con un saldo a favor y, por tanto, deberá percibir 15 millones de euros del Estado. �
