Frontera e Inmigración

Ceuta plantea su situación límite en la atención de menores inmigrantes al resto de comunidades

El consejero Alberto Gaitán alerta de que la situación pone en riesgo y compromete la estabilidad presupuestaria de la Ciudad

El consejero de Presidencia y Gobernación de Ceuta, Alberto Gaitán, ha vuelto a poner de manifiesto hoy, durante su intervención en la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia que se ha celebrado en Madrid, la situación límite que vive Ceuta en relación con la atención de menores inmigrantes no acompañados.

Durante su intervención, Gaitán ha expuesto como ejemplo el colapso del sistema de acogida de Ceuta un dato especialmente preocupante: sólo en los dos últimos días de la pasada semana han accedido a Ceuta un número de menores migrantes equivalente al 10% del total de acogidos hasta entonces.

Esta situación de presión constante no solo tensiona los recursos de la Ciudad, sino que también pone en riesgo y compromete su estabilidad presupuestaria, con un impacto económico que ya representa el 6% del presupuesto, “un esfuerzo desproporcionado e insostenible para una administración de nuestras dimensiones”, ha dicho.

El 75% está en recursos de emergencia provisionales

El consejero ha recordado que Ceuta, con apenas 18 kilómetros cuadrados y 85.000 habitantes -la mayor densidad de población de España-, sufre actualmente una sobreocupación del 420% en sus recursos de acogida. “El número de menores inmigrantes acogidos por cada mil habitantes multiplica por 24 la media nacional”, ha explicado, señalando además que el 75% de esos menores se encuentran en recursos provisionales o de emergencia.

Gaitán ha defendido la necesidad de establecer un sistema ágil y ordenado de traslado de menores entre comunidades autónomas, basado en criterios objetivos y con la implicación efectiva del Estado. “No es solo una cuestión de justicia y solidaridad, sino de respeto a los principios constitucionales en un Estado descentralizado con competencias compartidas”, ha remarcado, ya que el desafío no es sólo de las fronteras marítimas o terrestres, es decir, Ceuta, Melilla y Canarias, es de toda España, "y necesitamos una respuesta estructural, coordinada y solidaria”.

Reforma de la Ley de Extranjería

La reunión, de carácter extraordinario y que se ha celebrado durante toda la tarde en la sede del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, ha estado presidida por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que ha estado acompañada por los secretarios de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, y de Política Territorial, Arcadi España.

En este encuentro, suspendido la semana pasada debido al apagón generalizado en territorio peninsular, se ha dado traslado a las comunidades autónomas del acuerdo que supone la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, del plan de respuesta solidaria y de los criterios que establece el Real Decreto para esta acogida vinculante y solidaria de menores entre todos los territorios.

Antes del comienzo de la reunión, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha tendido la mano a las comunidades autónomas para dialogar el reparto de menores inmigrantes y comenzar los traslados este verano.

El PP de Madrid tilda de "ilegal" el reparto

La ministra ha subrayado que en esta cita tienen la “oportunidad” de alcanzar un acuerdo porque “es un espacio de colaboración y es un espacio de diálogo” con las comunidades autónomas y ha precisado que éstas tienen la oportunidad de “plantear cualquier modificación que quieran aportar”.

Mientras, las comunidades gobernadas por el PP han afirmado que la conferencia sectorial sobre menores inmigrantes ha sido convocada por el Gobierno de forma “ilegal” y han reafirmado que se trata de un mero “trámite” para llevar a cabo un reparto “arbitrario y forzoso” en las comunidades.

Lo ha expresado a su llegada a la conferencia sectorial la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila Ponce de León, acompañada por el resto de consejeros del ramo en representación de las autonomías gobernadas por el PP. Ha insistido en denunciar que se trata de “la continuidad del proceso ilegal” que está llevando el Ejecutivo de Pedro Sánchez en el reparto de menores inmigrantes.

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