El fenómeno de la ocupación ilegal de inmuebles, que engloba tanto los delitos de allanamiento de morada como los de usurpación, es un asunto que se cuela casi a diario en los debates, sobre todo de ámbito político, pese a que las cifras globales son las que son. En Ceuta, los datos oficiales facilitados por el Ministerio del Interior muestran que el año pasado se anotaron en la ciudad un total de 19 casos, con una tendencia al alza que sitúa el número de denuncias en niveles similares a los de la pandemia.
Esos 19 hechos conocidos relacionados con el allanamiento de morada suponen un incremento del 35,7% respecto a los 14 contabilizados en 2024, rompiendo una tendencia de relativa estabilidad que se mantenía en los dos años previos (con nueve casos en 2023 y ocho en 2022).
El dato del año pasado arroja una media de 1,58 ocupaciones al mes. Aunque la cifra pueda parecer reducida en comparación con grandes urbes peninsulares, teniendo en cuenta la extensión geográfica y poblacional de Ceuta, representa una actividad delictiva que ha vuelto a niveles que no se veían desde 2020, con 21 casos, y 2021, cuando se registraron 19.
Al ampliar el análisis del Sistema Estadístico de Criminalidad a los últimos diez años, el acumulado de infracciones penales por allanamiento o usurpación en la ciudad asciende a 133 situaciones. El periodo con mayor incidencia de toda la década fue 2020, coincidiendo con la crisis sanitaria del Covid-19, cuando se denunciaron 21 infracciones. Por el contrario, el año 2019 marcó el mínimo histórico del periodo analizado, con apenas siete denuncias.
Esta evolución indica que Ceuta no es ajena a las dinámicas nacionales, donde el debate jurídico y las reformas en los protocolos de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como a Instrucción 1/2020 de la Fiscalía General del Estado, han intentado agilizar la respuesta policial y judicial ante estos delitos.
En esa instrucción, se apremia a los fiscales a solicitar el desalojo de las viviendas ocupadas de forma cautelar en determinadas circunstancias y siempre que quede constancia expresa de la voluntad del denunciante víctima o perjudicado favorable a solicitar la medida cautelar de que los ocupantes se salgan del inmueble.
Uno de los aspectos que aparece en la estadística del Ministerio del Interior para Ceuta es el porcentaje de hechos esclarecidos. En 2025, de las 19 ocupaciones registradas, 15 fueron resueltas por las autoridades, lo que sitúa la tasa de eficiencia policial en un 78,95%. Esta capacidad de solución ha sido constante en los últimos diez años. De hecho, en el acumulado de la década, se han clarificado 102 de los 133 casos anotados, lo que supone una efectividad media del 76,7%. Destaca especialmente el año 2017, con el 100% de los casos (12 de 12) solventados.
A pesar de ello, las cifras de detenciones e investigados en Ceuta se mantienen en niveles bajos. Durante 2025, solo se produjeron dos arrestos vinculados a estos delitos. Si se profundiza en el histórico desde el ejercicio 2016, el número es llamativo, ya que desde entonces apenas se han registrado seis detenciones para un total de 133 delitos de este tipo conocidos en la ciudad.
En cuanto al el número de personas o entidades que han sufrido la ocupación de una propiedad, el año 2025 dejó un saldo de 12 víctimas. Esta cifra es inferior a los hechos conocidos (19), lo que significa que en algunos casos los inmuebles afectados podrían no tener un titular físico personado o tratarse de activos inmobiliarios de diversa índole. En la última década, el número total de victimizaciones en Ceuta asciende a 83.
Los datos facilitados por el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska confirman que Ceuta ha anotado un periodo de repunte en las infracciones por ocupación de inmuebles, recuperando cifras que se consideraban superadas tras el descenso de los ejercicios 2022 y 2023.
Mientras, a nivel nacional las denuncias por delitos relacionados con ocupaciones de vivienda han bajado casi un 10% en 2025, de manera que se han anotado 14.875 hechos conocidos por las Fuerzas de Seguridad, incluyendo tanto los delitos más habituales de usurpación de inmuebles como los más graves de allanamiento.
Cataluña sigue siendo la comunidad autónoma que acumula más denuncias, con 5.913 casos durante el pasado ejercicio, lo que representa casi el 40% del total de España. Le sigue Andalucía con 1.909 casos en 2025 (-13% con respecto a 2024), Comunidad Valenciana con 1.805 (+2%) y Comunidad de Madrid con 1.269 (-12%).
Canarias (596 situaciones), Castilla-La Mancha (502), País Vasco (456), Islas Baleares (433) y Murcia (425) son, por este orden, el resto de regiones con más casos contabilizados el año pasado según el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior.
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