En pleno debate sobre el uso de las nuevas tecnologías en la administración pública, surgen voces críticas que denuncian cómo algunas herramientas digitales, lejos de mejorar el servicio, están siendo utilizadas para recortar derechos laborales. En el caso de la Policía Nacional, y particularmente en Ceuta, la implantación de sistemas como la videoconferencia para asistir a juicios ha generado un profundo malestar entre los agentes.
Lo que en teoría debía facilitar los procedimientos judiciales se ha convertido, según denuncian los sindicatos policiales, en un instrumento de presión, contradicciones internas y un reflejo de la falta crónica de personal que padece el cuerpo.
Eduardo García, secretario provincial y regional de la Confederación Española de Policía (CEP), ha lanzado una dura crítica contra las políticas internas que, según denuncia, están afectando directamente al trabajo y los derechos de los agentes destinados en Ceuta, especialmente en lo que respecta a su asistencia a juicios.
García comienza reconociendo los beneficios de la tecnología en el ámbito policial: “La tecnología nos ha facilitado la vida en muchos aspectos”, afirma. Sin embargo, añade que esa misma tecnología estaría siendo usada por algunos responsables policiales para “arañar horas de trabajo a los agentes” que prestan servicio en distintos puntos de la ciudad autónoma, especialmente en la frontera del Tarajal.
Según explica, se están produciendo “situaciones surrealistas” relacionadas con la exigencia de utilizar videoconferencias para comparecer en los juicios, a pesar de que el juzgado se encuentra a escasos 3 kilómetros del lugar de trabajo. “Se trata de diez minutos en coche y aún así se obliga al agente a usar medios técnicos propios, incluso su teléfono personal, para no desplazarse”, denuncia García.
Presiones, amenazas y falta de descanso
Lo más preocupante para la Confederación es que, de no cumplir con esta orden de solicitar videoconferencia, los agentes estarían siendo amenazados con la apertura de expedientes disciplinarios. Esto, según García, crea un “ambiente de presión e incomodidad” entre los policías, quienes se sienten entre la espada y la pared, sin que se valore el motivo del juicio ni su grado de implicación.
Desde la CEP aseguran que la única prioridad de algunos mandos parece ser que los policías pierdan el menor tiempo posible en cualquier actividad que no sea estrictamente su trabajo. El trasfondo, denuncian, es la falta de personal, un problema cada vez más acuciante, que desemboca en jornadas sin descanso y en la imposibilidad de disfrutar del tiempo legalmente establecido para el mismo.
Esta situación no solo afecta a los derechos laborales, sino también a la calidad del servicio. “La fatiga influye directamente en la capacidad del agente para realizar tareas tan sensibles como comprobar documentos en frontera”, recuerda García. Desde la Confederación aseguran haberlo denunciado “en numerosas ocasiones” sin obtener respuesta alguna.
¿Nueva ley o interpretación interesada?
La CEP lanza una pregunta directa: “¿Cuándo ha entrado en vigor esta ley que obliga a todos los policías a solicitar videoconferencia para declarar en juicio?”. Eduardo García sugiere que no se trata de ninguna norma oficial, sino de una interpretación interesada de la legislación, motivada por la búsqueda de productividad a toda costa.
Para ilustrar esta afirmación, pone como ejemplo las instrucciones dadas desde la Secretaría del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC). Según relata, se ordena a los policías que no soliciten videoconferencia si tienen juicio al día siguiente de haber hecho servicio nocturno. “¿Qué sentido tiene eso?”, se pregunta García. “¿Acaso pretenden que el policía no descanse adecuadamente antes de ir a juicio?”
Estas decisiones, señala el representante de la CEP, parecen responder a “motivos ocultos” o a una política de gestión que roza lo absurdo. Llega incluso a ironizar: “¿Se ha convertido el GAC, con su Inspector y Subinspector a la cabeza, en el intérprete supremo de la ley de videoconferencias en España?”
Confusión entre unidades y falta de criterios claros
Otro de los grandes problemas señalados por la CEP es la total contradicción interna entre unidades de la misma jefatura. “Es inadmisible que en una misma comisaría se diga una cosa y la contraria a los cinco minutos”, afirma García. Esta falta de criterio genera una inseguridad jurídica para los policías, que no saben a quién hacer caso: si a la Jefatura del Tarajal o a la del Grupo de Atención al Ciudadano.
García reclama una respuesta clara, rápida y concisa por parte de la Dirección General de la Policía. “¿Se debe solicitar videoconferencia siempre? ¿Depende del destino del agente? ¿Depende de si tiene o no turno de noche?”, insiste. Para la CEP, esta ambigüedad intencionada solo perjudica a los policías y se está usando como instrumento de control y presión.
El secretario provincial concluye con una afirmación rotunda: “Se está jugando a la confusión, o peor aún, se está jugando con los policías”. Y lanza una advertencia directa a los responsables de la Jefatura: “Tiene delito que quienes deberían defendernos y proteger nuestros derechos estén generando este caos”.
La CEP exige una solución inmediata
Desde la Confederación Española de Policía exigen al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Policía que aclaren de inmediato los protocolos de asistencia a juicio mediante videoconferencia. Reclaman un criterio único y oficial que no quede al arbitrio de los distintos mandos locales y que garantice los derechos laborales y procesales de todos los agentes.
Asimismo, piden que se detengan las amenazas y se ponga fin a las prácticas que están deteriorando el clima laboral dentro de la Policía Nacional en Ceuta. “Es el momento de dejar de mirar hacia otro lado y abordar el problema de la falta de personal con seriedad y compromiso”, sentencia García.
Que también se cambie la normativa de concursos de trasladados, la cual es del año 1989 y no se aplica el Estatuto del Empleado Público, que debe ser de aplicación a todos los funcionarios, y los Policías Nacionales lo son, no se por qué motivo no se aplica y sobre todo en lo concerniente a conciliación de vida familiar la cual no se contempla en la norma del 89.