CC.OO y UGT formalizaron ayer la denuncia del ‘III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado’ que afecta a casi 50.000 trabajadoras y trabajadores y que, fundamentalmente, se centra en la devolución de los “derechos sustraídos por las decisiones del Gobierno”: empleo, salarios, jornada, acción social o formación, entre otros; la recuperación del volumen de empleo perdido: así como del desarrollo de la carrera profesional y el sistema de provisión de puestos, acordes con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, o la adaptación de la clasificación profesional al Estatuto Básico del Empleado Público y al marco educativo.
La denuncia de este convenio tiene mucho que ver con la “sensación que tienen los trabajadores de que el texto actual ha agotado su recorrido y precisa de una revisión y mejora en profundidad”, apuntan los sindicatos en un comunicado, aunque también es “consecuencia de los reiterados incumplimientos del convenio vigente por parte del Gobierno y la imposición de un deplorable esquema de negociación que ha impedido su desarrollo”. Con este acto se pone en funcionamiento un instrumento que debe servir de “revulsivo en la negociación para la mejora de las condiciones de trabajo de la Administración del Estado”. Las principales reivindicaciones son aplicables a todo el personal de la Administración del Estado, con independencia de que se trate de personal laboral o funcionario. Son aspiraciones del conjunto de empleados públicos y deben impulsar el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público en la Administración General del Estado, a través de la negociación de la correspondiente Ley de Función Pública.
