El sindicato propone un texto que regule de modo estable y periódico la promoción interna.
El proceso de movilidad interna abierto por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) está también generando controversia después de ser aprobado con la aquiescencia de los sindicatos UGT, CEM-Satse y USAE. En pleno periodo de petición de solicitudes, cuya finalización está prevista para la primera semana de octubre, la federación de Sanidad y sectores sociosanitarios de CCOO envió ayer un comunicado en el que explicaba los motivos que le hicieron rechazar la firma del documento final, uniéndose así a la decisión de USO y CSIF.
La negativa de CCOO está motivada por varias razones. En primer lugar, el sindicato cree que no existe intención negociadora por parte del Ingesa. “El documento ha sido creado sin la más mínima consulta a los sindicatos. A lo sumo se nos permitía hacer alegaciones. Cuando hay una voluntad sincera de permitir que los trabajadores participen en un proceso se convoca a sus representantes desde el inicio no se presenta un documento elaborado con las normas, las plazas, las fechas y los baremos ya decididos de antemano”, dijeron desde la delegación de sanidad comisionista.
Otro de puntos conflictivos a los que ha aludido repetidas veces la organización sindical se centra en la impropiedad del proceso. CCOO no entiende cómo en un proceso de movilidad de trabajadores se procede a la creación de puestos, cuya naturaleza también ha quedado en entredicho. “En un momento de ajustes en todas las administraciones, se propone la creación de tres plazas dedicadas a ‘gestión’ de personal, investigación y materiales en el hospital. Ante un futuro desolador y con un personal desbordado por el trabajo –continuó el documento de CCOO– nuestros gestores aumentan el número de personas dedicadas a tareas no asistenciales, habiéndose creado la figura de la subdirección de enfermería hace escasos meses”.
CCOO considera inadecuada la convocatoria del “proceso de movilidad extraordinaria, a toda prisa y sin el acuerdo de la mitad de los sindicatos”, que debería ser sustituido por un “documento que regule de forma estable y periódica la movilidad de los trabajadores del máximo número de categorías posibles, estableciendo unas bases claras y públicas”.
