La presidenta del Comité de Empresa de la Ciudad de Ceuta, Yolanda Díaz (CCOO), ha criticado este martes la “falta de compromiso con la modernización de la Administración local” que a su juicio ha exhibido el Ejecutivo de Vivas con la “imposición” de un decreto de teletrabajo que “no aprovecha la normativa nacional y limita de forma injustificada el acceso a esa modalidad a muchos empleados públicos”.
CCOO, que presentó una propuesta de normativa mucho más desarrollada que el “paripé” del Gobierno, pretendía que “todo el empleado que pueda tenga la posibilidad de solicitar trabajar a distancia”, pero la Dirección General de Recursos Humanos “se ha negado” a modificar ningún punto de su propuesta, que circunscribe esa opción a quienes acrediten “una alteración o riesgo excepcional de la salud" o tengan hijos menores de 12 años o familiares dependientes.
"El Gobierno no ha hecho sus deberes porque ni cree la honestidad de su plantilla ni en la modernización de la Administración local: no ha estudiado las funciones que realiza cada empleado, no ha contemplado ni la formación ni las compensaciones obligadas para los teletrabajadores, obvia los derechos de los agentes sociales y no sabe ni cómo compaginará esta norma con las instrucciones dictadas este lunes para que a los centros de trabajo solo acuda el 50% del personal cuando a quienes hagan su labor desde casa se les exige al menos un 20% de presencialidad", ha lamentado Díaz con notoria “decepción”.
La sindicalista ha criticado que el Ejecutivo “descarga sobre los trabajadores” el coste de aportar ordenador, conexión a Internet y cuantos medios necesite para hacer su labor a distancia “sin prestarse a negociar siquiera un punto de equilibrio progresivo que contemple los derechos y necesidades de ambas partes” y también ha cuestionado quién será la “autoridad competente” para hacer el seguimiento de las autorizaciones que se concedan o no “en lugar de constituir un Comité de Seguimiento con los agentes sociales, a los que se nos obvia completamente”.
CCOO va a poner el texto que aprobará el Gobierno en manos de sus Servicios Jurídicos “por si se estima conveniente la interposición de cualquier medida judicial” tras la adopción por parte de la Administración de “una postura muy poco seria y nada garantista”.
El decreto gubernamental excluye expresamente de la posibilidad de teletrabajar a los empleados públicos con funciones sanitarias o docentes, en puestos reservados para funcionarios con habilitación de carácter nacional, a los que no usan “ningún tipo de herramienta informática” para el desarrollo de sus tareas y a quienes están “en servicios cuya prestación efectiva sólo queda plenamente garantizada con su presencia física”.
