La Sección Sindical de CCOO en Servilimpce considera imprescindible que las próximas convocatorias de plazas de administrativo y de cualquier otra categoría dentro de la empresa pública se desarrollen con absoluta transparencia, objetividad e igualdad de oportunidades.
"Los recientes acontecimientos conocidos en otros procesos selectivos de empresas públicas han generado una lógica preocupación entre trabajadores y ciudadanos", indica el sindicato.
Por ello, CCOO entiende que no basta con garantizar la legalidad del procedimiento; también es necesario garantizar la confianza de los aspirantes y de la ciudadanía.
CCOO exige que el tribunal calificador esté integrado por personal técnico independiente, ajeno a la Ciudad Autónoma de Ceuta y a la propia dirección de Servilimpce.
Asimismo, considera que no debe ser la propia empresa Servilimpce quien designe directamente a algunos de los miembros del tribunal, ya que ello podría generar dudas sobre su independencia e imparcialidad.
La designación debe realizarse por un órgano independiente y con criterios exclusivamente técnicos, garantizando los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
La Sección Sindical asegura que ha tenido "conocimiento de comentarios que apuntan a la posibilidad de que determinados responsables de la empresa pretendan influir en la composición del tribunal".
CCOO "no da por ciertos esos comentarios", pero precisamente por ello considera imprescindible que la composición y el nombramiento del tribunal se realicen con total transparencia para evitar cualquier sospecha y reforzar la confianza de los aspirantes.
"El señor consejero tiene la responsabilidad de garantizar que el proceso sea limpio, transparente y libre de cualquier duda sobre su imparcialidad", señala el sindicato.
La confianza de los trabajadores y de la ciudadanía dependerá de que se adopten todas las medidas necesarias para asegurar un procedimiento objetivo y con todas las garantías, añaden desde la Sección Sindical.
CCOO avanza que permanecerá vigilante y denunciará cualquier actuación que, en su caso, vulnere los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y transparencia que deben regir el acceso al empleo público.
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