El informe encargado por el Gobierno de Ceuta para arrojar luz sobre el proceso selectivo llevado a cabo en Obimasa es demoledor.
Y lo es porque lejos de dejar claro que todo se hizo de manera correcta, lo que pone negro sobre blanco son las dudas que han existido sobre la transparencia y objetividad seguidas.
El informe, realizado por el gerente de Obimasa, Fernando Ramos, quien, a su vez, era el presidente del tribunal calificador, ha sido remitido al consejero de Medio Ambiente, Alejandro Ramírez, quien lo ha entregado este martes a los grupos políticos de la Asamblea.
Este informe, a cuyo contenido ha tenido acceso El Faro, se hizo para analizar todo lo ocurrido en torno al procedimiento selectivo para cubrir 3 plazas de experto en medio forestal y la creación de una bolsa de trabajo en Obimasa, así como esclarecer las incidencias detectadas que pudieran comprometer las garantías del proceso y afectar a los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad, objetividad y transparencia.
El test sospechoso que estuvo precintado y en un armario bajo llave
Tras la realización del examen tipo test, se constató que 3 aspirantes habían obtenido la puntuación máxima posible, 60 de 60, mientras que la cuarta persona presentada tenía 54 puntos. Una diferencia clara y una coincidencia sospechosa al denunciarse que esas tres personas tendrían lazos familiares con personal de Obimasa.
En este informe entregado este martes, se hace constar que el examen permaneció custodiado en las instalaciones de la sociedad Obimasa dentro de un armario cerrado con llave y bajo responsabilidad del secretario del tribunal.
El cuestionario había sido elaborado por miembros del tribunal que usaron una herramienta de IA para, partiendo de un banco de 600 preguntas por temas, llegar a completar 60.
Se imprimió el examen, se metió en una carpeta precintada y se depositó en el armario hasta el día de la celebración, cuando se llevó a la facultad abriéndose el precinto delante de todos los aspirantes.
Exámenes con nombre, DNI, datos…
Aquí llega lo grave. En este informe se indica que, tras la revisión del expediente, se ha podido constar que los ejercicios escritos “no garantizan plenamente el anonimato de las personas aspirantes”, al figurar en numerosos exámenes “firmas manuscritas, nombres, DNI o datos identificativos que permiten conocer la identidad de quien hizo el ejercicio”.
Por tanto, a la hora de corregirse, tenían una identificación sin respetarse la más básica objetividad.
“No puede afirmarse con plena certeza que la cadena de custodia del examen reúna todas las garantías necesarias para excluir cualquier duda razonable respecto de la integridad del procedimiento, circunstancia que, con independencia de que se haya producido o no una irregularidad efectiva, afecta a la apariencia de objetividad y transparencia que debe presidir un proceso selectivo”, se indica en dicho informe.
¿Y la cadena de custodia?
El procedimiento ha generado una controversia que afecta a la confianza del desarrollo del mismo y del análisis llevado a cabo, “se desprenden incidencias por la insuficiente garantía del anonimato”, así como “la imposibilidad de acreditar de forma indubitada una cadena de custodia del examen que excluya cualquier duda sobre su integridad”, se indica.
“Aunque esto no constituye por sí mismo prueba de acción irregular, sí impide afirmar que el procedimiento haya quedado rodeado de todas las garantías exigibles en materia de objetividad, transparencia e igualdad”, concluye.
En el informe se insta al Consejo de Administración de Obimasa a que adopte las medidas que estime para salvaguardar la transparencia, integridad del procedimiento, garantizando los principios de igualdad, mérito, capacidad y pluralidad.
Las conclusiones son escandalosas y ya conocidas por los distintos grupos políticos que tienen en su poder este documento.
