Vox Ceuta ha formulado una denuncia contra el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, y "contra cuantas autoridades resulten de la investigación", en la Audiencia Nacional y ha solicitado la adopción de "medidas cautelares urgentes para garantizar la seguridad ciudadana y el control de fronteras".
El escrito reclama "medidas cautelares urgentes para proteger a los residentes, el refuerzo y la supervisión judicial del apoyo de las Fuerzas Armadas en la frontera y diligencias de investigación para conocer lo sucedido, entre ellas la remisión de los informes de inteligencia, de Seguridad Nacional y del Tribunal de Cuentas".
La denuncia, según ha informado Vox en nota de prensa, sitúa al delegado del Gobierno "en posición de garante de cuantas personas se encuentran en su demarcación, por su condición de máxima autoridad del Estado en el territorio y somete a investigación por la comisión por omisión, de delitos contra la vida y la integridad física, la prevaricación (arts. 404 y 408 CP), la denegación de auxilio (art. 412 CP) y los delitos contra el orden público".
El escrito de Vox sostiene que la crisis migratoria "no fue un acontecimiento imprevisible, sino que estuvo precedida por advertencias, alertas y denuncias públicas sobre el incremento de la presión migratoria y la insuficiencia de medios humanos y materiales destinados a la protección de la frontera de Ceuta".
El objetivo de la denuncia es que "sea un juez quien determine si las autoridades competentes cumplieron los deberes legales que les incumbían, qué información tenían antes de producirse los hechos, qué decisiones adoptaron y si existieron omisiones jurídicamente relevantes que contribuyeran a agravar las consecuencias de la crisis".
Entre las medidas cautelares se solicita que se comunique al Gobierno, a través del Ministerio de Defensa, la procedencia de mantener y reforzar el despliegue de las Fuerzas Armadas en Ceuta "al amparo del artículo 15.3, en relación con el 16.e), de la Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional", así como el "despliegue de medios navales de la Armada en el perímetro marítimo y en las aguas del espigón del Tarajal".
El escrito pone el foco en el "impacto sufrido por los españoles y residentes legales con comercios cerrados, restricciones de hecho a la libertad de circulación y riesgo para la integridad física y el patrimonio".
Se solicita intensificar las identificaciones en la vía pública al amparo del artículo 16 de la Ley Orgánica 4/2015 (LO 4/2015), "con estrictas garantías: criterios objetivos, prohibición expresa de cualquier perfilación étnica o racial y registro documentado de cada identificación a disposición del Juzgado".
Las medidas se piden con carácter perentorio por el peligro en la demora y la irreversibilidad de los bienes jurídicos comprometidos.
Vox también quiere que "se recabe la documentación que permita reconstruir la cadena de decisiones entre el 20 y el 31 de julio consistente en los planes de contingencia y protocolos de la Delegación del Gobierno; efectivos y medios realmente desplegados; alertas de la Dirección de Seguridad Nacional y, en su caso, del CNI; los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas; las grabaciones AIS, radar y de videovigilancia del perímetro fronterizo; las comunicaciones diplomáticas con Marruecos; las eventuales evaluaciones de vulnerabilidad de FRONTEX sobre Ceuta; la determinación judicial del número, identidad y causa de muerte de las víctimas; y una investigación policial sobre la difusión de instrucciones para el cruce irregular en redes sociales".
Vox considera que "la gravedad de los hechos, el elevado número de víctimas y el impacto sufrido por los ciudadanos de Ceuta exigen una investigación judicial completa, independiente y rigurosa que permita esclarecer lo sucedido, depurar, en su caso, las responsabilidades que correspondan y garantizar que una situación de estas características no vuelva a repetirse".
Finalmente, la formación reitera su "compromiso con la defensa de la seguridad de los españoles, la integridad territorial de España y la protección efectiva de las fronteras nacionales como frontera exterior de la Unión Europea".
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