CCOO ha lamentado la injusticia que está padeciendo la que fuera secretaria judicial destinada en la UPAD del juzgado número 3 que hace ya un año fue cesada de forma fulminante por el gerente territorial.
Los representantes del sindicato en Justicia reclamaron entonces el archivo de las actuaciones, medida que nunca fue aceptada. “Entendíamos que se habían obviado todas las garantías y derechos constitucionales que le amparan a esta trabajadora.
De forma fulminante y sin un proceso público, transparente y sin respeto alguno a defenderse y a la presunción de inocencia fue a la calle. Por un antojo y decisión arbitraria de la secretaria de gobierno de los órganos judiciales de Ceuta y del gerente territorial”, critica el sindicato. Tras producirse el cese de la secretaria, ésta presentó denuncia en los Juzgados de Algeciras por un presunto delito de prevaricación y coacciones contra ambos cargos.
Pues bien, tal y como lamenta el sindicato, esta denuncia se encuentra en diligencias previas de investigación por parte del Juzgado de Instrucción nº 4 y todavía la secretaria cesada “espera como agua de mayo que llamen a declarar a la secretaria de Gobierno y al gerente territorial para que sean depuradas todo tipo de responsabilidades”, critican en un comunicado. El domicilio como argumento En el cese de la denunciante se argumentó que no poseía domicilio en Ceuta y se tuvo en cuenta la falta de un día al trabajo al suspenderse por temporal las conexiones marítimas.
La afectada denunció su indefensión, aludiendo a que, por ejemplo, “la separación del servicio será acordada, en su caso, por el Ministro de Justicia tras la instrucción del correspondiente expediente disciplinario, cosa que aún no ha sido notificada a esta Junta, por lo que debía entenderse que este expediente es incoado por una falta muy grave, como consecuencia de la solicitud de cese efectuada por la secretaria de Gobierno”, explicó. La afectada estuvo desempeñando su trabajo en varios juzgados sin que nunca se hubiera emitido ningún tipo de queja, ni personal, ni laboral. “Quizá sea al contrario, dada su dedicación y respeto con el que trata al personal”, detalla el sindicato. La perjudicada se encuentra afincada junto a su familia (marido e hijo) en Algeciras, pero posee una residencia en Ceuta para los días en los que podía encontrarse en funciones de guardia para estar así localizada en todo momento. “Ambas ciudades se encuentran perfectamente comunicadas por vía marítima, lo que supone que puede cumplir perfectamente, de hecho lo hace, el horario establecido en la Administración de Justicia”, explican. La denunciante fue requerida para que residiera en la ciudad, a lo que ella realizó alegaciones, en las que especificaba “que este tipo de requerimiento no tiene amparo legal alguno. Parece ser que el detonante para la incoación de expediente fue la falta de concurrencia a su puesto de trabajo un día por motivos climatológicos en el Estrecho de Gibraltar que hizo cerrar el tráfico marítimo. Nos parece irrisorio la parte del relato cuando habla del número de veces que se cortan las comunicaciones marítimas, y que es imprevisible cuando puede llevarse a cabo, toda vez, que para incoar un expediente sancionador, deben adoptarse unos criterios más serios y no acudir a simples especulaciones de lo que pudiera pasar en un futuro no cierto”, denuncia CCOO-Justicia. También se argumentó que al residir en Algeciras era “extremadamente dificultoso” garantizar el cumplimiento horario, la asistencia al puesto de trabajo y la atención diligente de sus deberes.
