La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC-CCOO) de Ceuta anunció la presentación de un conflicto colectivo para exigir el pago "inmediato" de la actualización de las cuantías de indemnización por residencia, una medida que beneficiaría al personal laboral de la Administración General del Estado (AGE) en nuestra ciudad, Melilla, Baleares y Canarias.
Ante la falta de respuestas, han explicado que continuarán por la vía judicial con esta exigencia para que se abonen cuatro años de atraseos en el pago de este plus.
El sindicato explicó que el incremento general de las cuantías de indemnización por residencia no se modifica desde 2007 “con la consiguiente falta de adecuación a la situación económica actual”, por lo que urgió a abordar esta reclamación lo antes posible.
La Comisión Paritaria del IV convenio único de la Administración General del Estado (IVCUAGE) donde, entre otros temas, se ha abordado el conflicto colectivo referido al incorrecto abono del complemento de residencia llevado a cabo por la Administración para el personal laboral.
Este conflicto colectivo fue presentado por CCOO el pasado febrero para exigir el correcto pago de esta retribución acorde a la titulación de acceso de los distintos grupos profesionales y su correcta homologación con los cuerpos y escalas del personal funcionario conforme al art. 59.7 del IV Convenio Único.
Actualización paralizada desde 2019
Asimismo, el sindicato considera que es “inadmisible” que la actualización de las nóminas y en el pago de los atrasos generados se haya retrasado desde 2019, por lo que han exigido que se proceda al pago de los atrasos correspondientes "con carácter retroactivo".
El sindicato entiende que la adecuación debía estar en marcha tras haber logrado la correcta clasificación de los grupos profesionales de personal laboral, con su homologación a los cuerpos y escalas de personal funcionario de la AGE en Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias, afectando aproximadamente a 2.900 trabajadores públicos de estos territorios.
“Esto debe suponer una actualización de las cuantías en las nóminas actuales, pero también el pago de los atrasos generados desde la firma del IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, el 1 de enero de 2019”, añaden desde la organización.
En este contexto, el sindicato advirtió de que no aplicar las cuantías pendientes desde hace cuatro años supone “un recorte salarial encubierto”.
"La peregrina excusa de la Administración para no admitir el conflicto es que la homologación entre grupos profesionales de personal laboral y cuerpos y escalas de personal funcionario no están recogidas dentro del IVCUAGE. Por ello, cumplido el trámite exigido en Convenio, CCOO procederemos a presentar demanda judicial por conflicto colectivo para revertir esta situación y se reconozca el derecho de todas los trabajadores afectados a percibir las cantidades conforme a los criterios que defendemos", han concluido.
Totalmente de acuerdo con CCOO.