Desde hace cuatro años, cuando se puso fin al contrabando con la vecina Ceuta, la ciudad marroquí de Fnideq (Castillejos) lucha para que su economía deje de depender de la ciudad española con alternativas laborales que de momento han tenido poco impacto, lo que lleva a sus jóvenes, incluidos menores, a arriesgar su vida emigrando por mar o tierra.
La existencia de esa población mediterránea, de unos 100.000 habitantes y adyacente a Ceuta, dependía desde los años ochenta del siglo pasado del contrabando. Sus habitantes aprovechaban para comerciar su estatuto excepcional de poder entrar a la ciudad española sin necesidad de visado.
Durante décadas, llevaban diariamente a Marruecos toneladas de productos de limpieza, ropa y electrodomésticos, entre otros, sin impuestos, y los vendían en los mercados de Castillejos, que se convirtió en uno de los centros comerciales más importantes del norte del país, antes del cierre definitivo de esa actividad en 2020 con la crisis de coronavirus.
En el último año, la ciudad se ha convertido en un "centro internacional de inmigración clandestina" donde se concentran y se coordinan los inmigrantes marroquíes y subsaharianos que quieren cruzar de forma ilegal a Ceuta, lamenta a EFE el portavoz del Ayuntamiento de Castillejos, Mohamed Azouz.
El pasado 15 de septiembre, las autoridades marroquíes frustraron un intento de miles de jóvenes marroquíes, entre ellos menores de edad, que se desplazaron de diferentes ciudades del país y se concentraron en la zona de Castillejos como primer paso para pasar forma masiva a Ceuta, un intento frustrado gracias a la férrea seguridad marroquí.
El responsable local señala que el cierre del paso fronterizo con Ceuta ha sido un "choque con dimensiones económicas, sociales y culturales", debido a los lazos estrechos entre Ceuta y su ciudad desde hace décadas.
"Se ha producido también un gran retroceso porque toda la actividad económica en Castillejos, ya sea a nivel turístico, hostelero, de transporte y de servicios, estaba basada en el contrabando desde el paso fronterizo con Ceuta", explica.
Ante esa situación, el gobierno marroquí ha lanzado varias medidas, como la creación de un polígono logístico en Castillejos, unidades industriales en las afueras de la ciudad y dar empleos públicos a los que trabajaban en el contrabando.
Desde 2021, cuando reabrió la frontera con Ceuta tras el coronavirus sin permitirse ya el contrabando, se han creado 2.700 puestos de trabajo en el polígono, unidades de reciclaje de ropa de segunda mano y en programas públicos de limpieza y jardinería, explica Azouz, que añade que se necesitan crear 10.000 empleos en total.
"Este esfuerzo no ha ayudado a salvar la situación y no ha supuesto una alternativa verdadera ni ha creado una nueva identidad económica para la ciudad", lamenta.
"Antes, los jóvenes de Castillejos no emigraban porque gracias a la economía fronteriza ganaban entre 1.000 y 1.500 dirhams al día (91 y 139 euros), lo que les daba estabilidad económica. La ciudad era el destino de migración interna, pues venían marroquíes de otras ciudades para beneficiarse del movimiento económico creado por el contrabando", indica Azouz.
En los últimos meses, dice, hay mucho movimiento de jóvenes marroquíes, también de Castillejos, que quieren emigrar: "Antes íbamos a Ceuta dos o tres veces a día, ahora vemos a menores tirándose al mar para llegar".
Omar Jattabi, de 54 años, es uno de los afectados. Trabajó en Ceuta durante 12 años en una empresa de comercio internacional. "Ahora lo he perdido todo, coincidió el cierre de la frontera con mi estancia en Marruecos y caducaron mis papeles, no puedo volver a España", lamenta a EFE en el mercado de Castillejos.
Además de su trabajo en Ceuta, abrió una tienda en Castillejos de fruta y verdura, donde trabajaban sus hermanos, pero la ha tenido que cerrar porque la actividad comercial ha muerto.
Mientras trabaja recogiendo basura en un parque de la ciudad, Fátima (nombre ficticio), de 60 años, explica que trabajó durante 20 años transportando de un lado al otro de la frontera mercancías de contrabando, como hacían miles de mujeres, denominadas localmente porteadoras o 'mulas'. Ahora la emplea el ayuntamiento de basurera, como a otras 400 de sus antiguas compañeras.
"Cuando suspendieron el contrabando me quedé sin trabajo. En su momento ganaba hasta 250 dirhams (23 euros) al día y después de varios meses sin ingresos el ayuntamiento me dio este empleo, trabajo media jornada por 2.100 dirhams (194 euros) al mes", explica. "No tenemos ningún tipo de garantías, ni contratos. Nos pueden despedir cuando quieran", lamenta.
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