La ‘número 3’ de la lista del PP a las próximas elecciones y actual consejera de Economía, Hacienda y Función Pública del Gobierno de Ceuta, Kissy Chandiramani, tiene “la conciencia muy tranquila” y toda la disposición para “seguir colaborando con la justicia como hasta ahora” tras la
denuncia que ha formulado contra ella la exconsejera de Fomento
Susana Román, que le atribuye
presuntos delitos de falsedad en documento público y estafa en su modalidad de fraude procesal por “faltar a la verdad” cinco veces en sus informaciones y declaraciones
como gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda durante la instrucción del
'caso Emvicesa'. Chandiramani ha reiterado en declaraciones a este periódico que todavía no ha recibido comunicación formal alguna del Juzgado de guardia sobre la denuncia y que lo único que conoce de ella es lo que han publicado los medios. “No puedo, por tanto, aportar más sobre el fondo de la denuncia”, ha alegado, en torno a un asunto judicial que fue adelantado por El Faro de Ceuta.
No obstante, la candidata del PP, cuya denuncia ha hecho objeto de precampaña el PSOE, cree que “con lo fiscalizada que estaba Emvicesa en aquel momento por todo el mundo dado que se produzco una gran alarma social habría sido muy poco inteligente por mi parte que intentara falsificar algún documento con no sé qué objetivo”.
"Mi colaboración fue absolutamente leal", deja claro la que fuera gerente
Según Chandiramani, su intervención en la instrucción de la causa, que según Román adoleció de “falta de rigor”, se limitó a “aportar toda la documentación que se requirió por parte de la autoridad judicial y mi colaboración fue, como no podía ser de otra manera, absolutamente leal teniendo en cuenta, además, que los hechos que se encausan se produjeron antes de que fuese nombrada gerente de Emvicesa”.
De acuerdo con el escrito de Román, acusada en la causa cuya vista oral comenzará a finales de octubre, su antigua compañera de partido habría aportado “datos y documentos”, así como declaraciones, que incurrirían en “evidencias de falsedad de vital importancia” para la confección del atestado que derivó en su detención y posterior procesamiento.
Entre otras cosas Román considera que se identificó de forma “mendaz” a los miembros de la Comisión Local de la Vivienda (CLV) entre 2011 y 2015, entre los que se incluyó a ella, a Rabea Mohamed, a Mohamed Ali, a Antonio López (todos ellos procesados), a Carracao y a María José Cariñanos (secretaria sin voto).
“La fecha del nombramiento de Román [a finales de abril de 2012] hace imposible cualquier participación de dicha consejera en la determinación del procedimiento de adjudicación” de viviendas protegidas en Loma Colmenar objeto de investigación, advierte en su escrito, que todavía no ha dado pie a la apertura de diligencias ni ha sido archivado o trasladado a la Audiencia Provincial, que juzgará la causa principal.
Las entrañas del 'caso Emvicesa'
Cuando
a finales de octubre comiencen a escribirse las crónicas del mediático ‘caso Emvicesa’ se hará el mayor ejercicio judicial en una Audiencia que, desde su constitución en 1998, no había afrontado un asunto de esta envergadura.
En noviembre de 2020 se conoció la calificación del Ministerio Fiscal que situó, en base a las investigaciones de la Udyco, en la cúpula de la corruptela en la adjudicación de viviendas a Antonio López. De ahí para abajo se tejió un organigrama de acusados que han armado sus propias estrategias para defenderse de las elevadas peticiones de cárcel.
El Ministerio Público considera que existió una organización criminal en la que las adjudicaciones de las viviendas de promoción pública no seguían el rigor merecido, ubicando en la punta de esa acción al margen de la ley a quien llegó a tener control en el área de vivienda de la ciudad.
Fue el propio gobierno local, precisamente Susana Román, la que acudió a los juzgados a denunciar este asunto. Después de que la investigación fuera encomendada a la Policía Nacional se inició un auténtico rosario de detenciones.
Hubo detenciones y registros no solo en viviendas particulares sino también en las propias dependencias de Emvicesa. Se procedió a acusar a trabajadores de la sociedad a los que se señaló como intermediarios pero también a políticos, en este caso por no haber ejercido el debido control en la comisión local que debía haber regulado todos los procedimientos. De trasfondo, la famosa lista fantasma cuya publicación hizo saltar todas las alarmas y fue el detonante de que toda esta pirámide de irregularidades saliera a la luz. El germen de la investigación radicó en las 170 viviendas, a donde se llegó tras la denuncia sobre las 317.