La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz, que tiene fijado para el próximo 24 de octubre el inicio del juicio oral del 'caso Emvicesa', pidió en abril a través de un auto “de cara a la correcta práctica de las pruebas en el plenario” que se le remitan los informes de los que disponga Emvicesa o la Ciudad emitidos por cualquiera de sus servicios jurídicos sobre los procesos de adjudicación de las promociones de las 170 y 317 VPO de Loma Colmenar dirigidos a la exconsejera de Fomento, Susana Román, o a la Comisión Local de la Vivienda (CLV). No existen. O peor.
La secretaria de ese órgano y asesora jurídica de la empresa pública, María José Cariñanos, ha respondido al requerimiento que “debido al proceso judicial en cuestión y al transcurso del tiempo, los expedientes de las sesiones de la Comisión Local de la vivienda han sido manipulados en infinidad de ocasiones tanto por responsables de la sociedad Emvicesa como por empleados de la misma, lo que ha derivado en una evidente dispersión documental”.
“Como empleada de Emvicesa”, ha contestado la experta a la Audiencia, “no puedo conocer qué informes jurídicos tiene a su disposición la Ciudad sobre los procesos de adjudicación citados y como secretaria de la CLV asistía como secretaria administrativa con las funciones del reglamento interno aprobado en febrero de 2005”.
No obstante, “al objeto de colaborar a efectos del requerimiento, como asesora jurídica de Emvicesa”, explica, “envié a las consejerías de Fomento y de Economía y Hacienda en febrero de 2018 un informe jurídico sobre la normativa respecto a la adjudicación de viviendas protegidas y las funciones de la Comisión Local como órgano de selección en relación a la promoción de 170 VP de Loma Colmenar”.
En relación con las 317 VPO, la técnico expone que “consta la emisión de informes suscritos por mí como integrante de la ponencia técnica y sobre trámites del proceso sin carácter preceptivo, ya que conforme a la Ordenanza de adjudicación de viviendas las reclamaciones eran informadas por la ponencia y los recursos de alzada, por la CLV”.
La oficial mayor de la Asamblea, María Dolores Pastilla, interpelada también por la Sala, ha aclarado por otro lado que hace 21 años asumió ese puesto, en el que recaen todas las funciones de la Secretaría General de la Ciudad mientras esta permanezca vacante.
Al tener que hacerse cargo, a mediados de 2022, de la Secretaría del Consejo de Administración de Emvicesa y el resto de sociedades mercantiles de la Ciudad, Pastilla mantuvo la delegación que su antecesor, Horacio Espina, había realizado en Cariñanos.
“Es por dicha razón”, concluye la oficial mayor, “por la que la funcionaria que suscribe no ha emitido ningún informe jurídico en relación con las dos promociones de viviendas objeto del procedimiento judicial”. “No se me ha requerido para emitir informes jurídicos en relación con las promociones de 170 y 317 viviendas objeto del procedimiento seguido ante la Audiencia ni tampoco se me ha requerido para asistir a más sesiones de la Comisión Local de la vivienda que la del 16 de diciembre de 2019”, ha añadido.
La existencia o no de informes jurídicos alertando de cualquier posible irregularidad es una de las claves para que se sostenga o no la acusación por prevaricación que pesa sobre los procesados por la ‘rama política’ de la causa, las exconsejeras Román y Rabea Mohamed y Mohamed Ali, como antiguos miembros de la CLV.
La vista oral del ‘caso Emvicesa’ prevé la declaración de un total de 44 personas en calidad de testigos. Además de los encausados, que se enfrentarán a unas peticiones de condena de la Fiscalía que en total suman 280 años de cárcel por su presunta participación en una trama para la adjudicación irregular de viviendas protegidas en la ciudad, ante la Sala pasarán siete funcionarios de la Policía Nacional, el Cuerpo que llevó las investigaciones.
La lista de políticos en activo o ya retirados de la primera línea de la vida pública que darán su versión de lo acontecido incluye a la consejera de Hacienda y anterior gerente de Emvicesa, Kissy Chandiramani, así como a Néstor García León (exconsejero de Fomento), Francisco Márquez (exdiputado nacional, exgerente de Emvicesa...), Juan Manuel Doncel (ahora al frente de la Autoridad Portuaria), Guillermo Martínez (que llevó las riendas de varias consejerías antes de ser senador), Carolina Pérez (jefa de Gabinete de Vivas y en su momento máxima responsable de Asuntos Sociales), Adela Nieto...
La relación de también incluye a personas que ocuparon escaños en partidos de la oposición (como Juan Luis Aróstegui o la socialista Milagros García) y de técnicos de primer nivel de la administración local como el interventor o la secretaria general de la Asamblea.
La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta desestimó hace ya algo más de tres años íntegramente los 19 recursos presentados contra el auto que puso fin a la instrucción de la mayor macrocausa de la historia de la ciudad, ligada a una supuesta trama integrada por cerca de 60 políticos, funcionarios y particulares para adjudicar irregularmente viviendas protegidas.
A renglón seguido ordenó llevar a juicio oral, algo que sucederá en poco más de un mes, a los investigados por presuntos delitos de prevaricación, organización criminal, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad documental, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
A todos se les atribuye “tomar parte de una u otra manera en la adjudicación irregular de viviendas de protección oficial de la Ciudad Autónoma en régimen de alquiler”.
El supuesto “cabecilla de la organización criminal y máximo responsable” sería el exviceconsejero y exdiputado regional del PP Antonio López, que con cinco trabajadores de Emvicesa y varios 'captadores', entre ellos un antiguo gerente del Partido Popular, habrían conseguido contraprestaciones de casi 50 'clientes' gracias también a la falta de control efectivo de la Comisión Local de la Vivienda.
La Audiencia rechazó el argumentario de la mayoría de las defensas sin entrar al fondo de la cuestión y alegando que sus postulados deberán exponerse en fase de vista oral. “Adentrarse a analizar si nos encontramos ante un grupo o una organización es innecesario, dado que ni condiciona la postura que hubieran de mantener las acusaciones si procediera continuar hacia la fase intermedia ni afecta al tipo de procedimiento a seguir”, advirtió en su resolución.
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