El pasado 18 de junio se publicaron en los medios de comunicación los resultados de las pruebas médicas correspondientes a las once plazas de bomberos. Dichas plazas salieron publicadas en la Oferta Pública de Empleo del Ayuntamiento hace unos dos años. La relación de admitidos a las pruebas se publicó en el BOCCE en junio del 2024.
De los 55 aspirantes que se presentaron, 27 fueron declarados aptos, 9 no aptos y 19 no acudieron al reconocimiento médico. A partir del día siguiente a la publicación, se abrió un plazo de cinco días naturales para presentar reclamaciones en caso de desacuerdo con la valoración médica.
Algunos de los aspirantes declarados no aptos presentaron dichas reclamaciones, que el tribunal debía resolver en un breve plazo de tiempo. Sin embargo, han pasado ya casi seis meses y todavía no se ha convocado la segunda prueba.
Esta situación ha convertido el proceso de selección en un auténtico calvario para los aspirantes aptos, que se encuentran en una incertidumbre total. Siguen entrenando diariamente para las pruebas físicas sin saber cuándo se celebrarán, con el consiguiente riesgo de lesiones y desgaste físico.
A ello se suma la poca claridad sobre el examen teórico, del que tampoco se conoce fecha. Resulta incomprensible que, después de casi seis meses desde la publicación de los resultados de las pruebas médicas, los candidatos sigan sin información sobre el siguiente ejercicio.
No es razonable que un proceso selectivo público se prolongue de esta manera. Lo lógico habría sido que, una vez resueltas las alegaciones, en un plazo de unos quince días se hubiese convocado la siguiente prueba.
Por todo ello, sería deseable que los responsables —tanto el tribunal como el departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento— tomen nota y actúen con la mayor celeridad posible. Seguir dilatando este proceso sólo contribuye a deteriorar la imagen de cómo se gestionan las oposiciones y los procesos de selección en el ayuntamiento de Ceuta.
Lo ideal, para evitar males mayores, es que a la mayor brevedad posible un sindicato llevase este tema al juzgado, para que sea un juez el que tome medidas y ponga al ayuntamiento en su sitio, es decir, que esas plazas sigan su curso y se convoque a la mayor brevedad posible las siguientes pruebas hasta concluir el proceso selectivo.
