El Gobierno central ha cifrado en 1.987 los “
rechazos en frontera” efectuados por las Fuerzas de Seguridad en el perímetro de Ceuta desde 2015, cuando entró en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana que incluyó esa figura para dar cobertura a las 'devoluciones en caliente' de migrantes intentando acceder a territorio español. En el mismo periodo en Melilla se han realizado 1.942, según las cifras facilitadas por el Ejecutivo del
PSOE y
Unidas Podemos en su respuesta a una pregunta por escrito de dos parlamentarios del PP. La 'ley Mordaza' aprobada por los de Mariano Rajoy hace casi siete años incluyó una Disposición final primera relativa al 'Régimen especial de Ceuta y Melilla' para en la Ley de Extranjería la posibilidad de que “los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras
intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera” sean “rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”. Además, la norma estipula que “en todo caso, el rechazo se realizará respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte” y que “las solicitudes de protección internacional se formalizarán en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos y se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa en materia de protección internacional”. A finales de 2020 el Tribunal Constitucional avaló esa figura en una sentencia con nueve votos a favor y dos en contra a entender que el rechazo en frontera “es una actuación material de carácter coactivo, que tiene por finalidad restablecer inmediatamente la legalidad transgredida por el intento por parte de las personas extranjeras de cruzar irregularmente esa concreta frontera terrestre”. Según especificó el fallo, la actuación es acorde con la Carta Magna si se ejecuta “con las garantías que a las personas extranjeras reconocen las normas, acuerdos y tratados internacionales ratificados por España, debiendo ser reales y efectivos los procedimientos de entrada legal en territorio español". Además, debe hacerse con “especial atención" hacia los migrantes con un perfil "vulnerable", como menores de edad, mujeres embarazadas o personas de edad avanzada. El PSOE y Unidas Podemos han pactado no tocar el 'rechazo en frontera' en la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que actualmente discuten las
Cortes Generales.