El pago se concretará a través de una nómina extraordinaria, ya que la ordinaria de octubre ya está gestionada, y sólo se demorará “lo que exija la tramitación del procedimiento”, según han informado fuentes del Ejecutivo local.
Según cálculos sindicales, cada funcionario cobrará “aproximadamente una cuarta parte del montante de la extraordinaria que han percibido en julio pasado”.
El Gobierno de Juan Vivas cumplirá así con la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ceuta que, durante la segunda semana de este mes, resolvió a favor de la demanda presentada por el abogado ugetista Francisco Sánchez Mena en nombre y representación de los delegados sindicales José Antonio López López, de CCOO, y de José Mata, de UGT.
El fallo es “uno de los pocos” en el conjunto del Estado que obliga a una Administración a abonar los días devengados y no pagados a funcionarios, puesto que en lo referente a los laborales son ya innumerables las sentencias que van en el mismo sentido.
No hay que olvidar que el Ejecutivo de la Ciudad Autónoma, en su momento, dejó reservado el montante global de la paga extraordinaria de Navidad del año pasado, porque así lo exigía el real decreto aprobado por el Gobierno de la Nación en este sentido. Se debe recordar que el compromiso que adquirió el Ejecutivo central era que cuando la situación lo permitiera ese dinero se iba a reintegrar a los funcionarios de alguna manera, incluso a través de la mejora de sus planes de pensiones.
De ahí que el cumplimiento de esta sentencia judicial no suponga ningún quebranto a las arcas autonómicas, debido a que el dinero estaba reservado desde su momento.
Un compromiso que ya se anunció que se cumpliría
Desde el equipo de gobierno siempre se ha mantenido que las sentencias judiciales que llegaran con fallos favorables a los trabajadores por las partes devengadas de la extra de navidad que no se cobró se cumplirían de manera inmediata. Buena prueba de ello es la orden que ha dado el consejero de Economía, Hacienda y Recursos Humanos. En su día lo que se hizo fue cumplir con la orden emanada para todas las administraciones públicas por parte del Gobierno central y hay que recordar que no fue una decisión exclusiva de la Ciudad Autónoma, sino de aplicación en todo el territorio nacional y en cualquier tipo de administración.
