Las declaraciones ante la Fiscalía en calidad de testigos del jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno de Ceuta y el equipo de asesores de Salvadora Mateos sobre la repatriación de menores migrantes solos al margen de la legislación ejecutada en agosto que habían sido programadas para este viernes han sido suspendidas por problemas en la citación de la Abogacía del Estado.
El Ministerio Público ha decidido recabar más declaraciones antes de pronunciarse sobre si procede denunciar o no a la delegada del Gobierno en Ceuta por presunta prevaricación en la devolución a Marruecos ejecutada en agosto de 55 niños migrantes solos llegados a la ciudad en mayo.
Tras escuchar, a mediados de diciembre, a la propia Mateos en calidad de investigada y, como testigos, a la consejera de Presidencia, Mabel Deu, y al secretario general de la institución de la Plaza de los Reyes, Ismael Kasrou, hoy se había convocado al jefe de Gabinete de la delegada, Juan Hernández, y a su equipo de asesores liderado por Pablo Núñez, al que se ha encomendado la gestión directa de la posible repatriación de menores al país vecino.
Dentro de siete días serán los directores generales de Deu que llevaron el peso de la extracción de jóvenes del polideportivo Santa Amelia, Francisco Pérez-Hita y Víctor Ríos, o el directamente competente en Menores, León Bendayán, los que tendrán que dar su versión sobre lo acontecido ante el Ministerio Público.
Consideraban los "retornos asistidos" dentro de la legalidad
Tanto el Gobierno central como el local siempre han defendido que aquellos “retornos asistidos” se consideraban respaldados por el Acuerdo bilateral de 2007 y, por tanto, dentro de la legalidad. Las diligencias incoadas son consecuencia de la denuncia presentada en Granada por la entidad ‘L'Escola A.C Asociación Internacional para el desarrollo integral de las personas’ contra Mateos por presunta prevaricación administrativa en relación con su papel como autoridad competente para ejecutar cualquier repatriación de menores extranjeros no acompañados de acuerdo con la legislación nacional vigente que se regateó hasta que la Justicia exigió la paralización del procedimiento exprés articulado con la complicidad del país vecino.
Una vez paralizada esa vía y aplicada la prevista en el Reglamento de la Ley de Extranjería, la Ciudad ha evacuado más de 300 informes sobre otros tantos niños, pero Marruecos ninguno de los 700 que se le han pedido, bloqueando de hecho cualquier posible regreso.
