En Ceuta hay problemáticas variadas, entre las que se encuentra el acceso al alquiler de muchas familias de la ciudad. Para proteger a los colectivos más vulnerables y garantizar la equidad de derechos, la Consejería de Servicios Sociales cuenta con herramientas como el Reglamento de Alojamiento Alternativo, cuya nueva normativa cada vez está más cerca de poner el foco en aquellas personas que peor lo están pasando en un contexto económico complicado como el que vive la sociedad entre la crisis energética y la inflación.
En concreto, el objetivo del Gobierno de la Ciudad es que las familias beneficiarias que estén formadas exclusivamente por mayores de 65 años o aquellas en las que al menos uno de sus miembros padezca una enfermedad grave tengan estas ayudas con carácter indefinido. Algo que constituiría un logro social poniendo el escudo en aquellas realidades que son difíciles y necesitan esa protección.
Otro colectivo con el que se busca tener una consideración especial por parte de Servicios Sociales es el de víctimas de violencia, especialmente con aquellas mujeres que han sufrido episodios de violencia de género.
En definitiva, el borrador de la nueva normativa intenta dar la mayor estabilidad y bienestar a las 250 familias ceutíes que reciben estas ayudas al pago del alquiler. Siempre garantizando la limpieza y transparencia del proceso. Algo si cabe más importante cuando se trata de un derecho tan importante como el de la vivienda digna.
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