Caminando Fronteras denuncia la “necropolítica” de la frontera

La oenegé Caminando Fronteras ha publicado el informe 2022 que bajo el título Monitoreo Derecho a la Vida hace una radiografía sobre las entradas de inmigrantes, desapariciones y fallecidos en la que incluye Ceuta. Se trata de un documento que recoge los datos de víctimas de la “necropolítica” aplicada al control fronterizo.

“Perder la vida en las fronteras se ha normalizado en los discursos del control migratorio y este hecho permite el aumento de las víctimas y la implementación de instrumentos de represión cada vez más mortíferos contra las comunidades migrantes”, reflexiona la oenegé.

En Ceuta las desapariciones y muertes se han asociado este pasado año a los espigones, las vías por las que quieren acceder aquellos jóvenes que buscan huir de su tierra y que se toparon con el cierre de la frontera o la posterior imposición del visado.

“En los últimos seis meses del año, hemos asistido a un aumento porcentual en las cifras de víctimas respecto al número de salidas, manteniéndose en este tiempo la ruta argelina como la más activa y también como la que presenta más deficiencias en las estructuras de defensa del derecho a la vida”, concreta la oenegé.

En total, en las rutas de acceso a España en 2022 se han registrado 2.390 víctimas. Del grueso hay contabilizadas 288 mujeres y 101 niños fallecidos en el intento por alcanzar las costas españolas.

“Durante estos años se ha implementado la violencia sexual como una herramienta de tortura en el control migratorio, como castigo sistemático a las mujeres que se mueven. La sufren por parte de las fuerzas de seguridad, pero también de sus compañeros de viaje, y por otros hombres en las sociedades que atraviesan en su viaje”, alerta la entidad.

Las desapariciones por las distintas rutas

Las desapariciones forman parte de esa tragedia permanente vinculada a quienes no dejan pistas sobre su paradero generando gran inquietud. Caminando Fronteras alude a cómo enero fue el mes más mortífero seguido de junio y octubre, señalando además la actividad en redes sociales de grupos que recogen declaraciones de argelinos que perdieron a sus familias.

La ruta canaria dejó 1.784 víctimas, la del Estrecho, que es la que afecta a Ceuta, registra 25. A estas se suman la de Argelia, con 464, la de Tierra, con 42 y la de Alborán, con 75. “La ruta atlántica sigue siendo la más mortífera. Sus características físicas, las embarcaciones demasiado endebles para el océano, las largas distancias, las relaciones políticas entre los países en la zona sujetos a intereses territoriales marítimos y terrestres hacen que sea complicada la colaboración para defender el derecho a la vida entre los países, o que haya demoras en la activación de servicios de rescate”.

La del Estrecho, aun siendo junto con la de Alborán una de las rutas menos transitada, recoge un elevado riesgo derivado de la “omisión del deber de socorro” que está “presente en ellas de forma constante”. “Los medios de rescate no se activan, o se hacen muy tarde en lo que concierne a las embarcaciones alertadas”.

La inmigración recoge también la ruta argelina, que está “totalmente invisibilizada”, ya que a la omisión del deber de socorro se une la falta de alertas por parte de las personas y familias que avisan demasiado tarde. Más del 90% de las víctimas desaparece en el mar, erigida en la gran tumba de la inmigración.

“Las familias no logran tener un cadáver que identificar para poder constatar que están muertas. Esto supone que las comunidades y familiares se enfrentan a un duelo denominado como ambiguo que tiene múltiples impactos legales y psicosociales”, explican. La gravedad es extrema cuando desaparece una embarcación con todos sus ocupantes a bordo.

El informe recoge 43 naufragios en la ruta de Argelia, 5 en la del Estrecho, 61 en la de Canarias y 9 en Alborán. En muchos de ellos no se activó el sistema de búsqueda, en otros se constató un retraso en la comunicación entre Salvamento y MRCC Rabat, no hubo coordinación entre los rescates o se manejó información incorrecta.

Por ejemplo se recogen casos concretos y se alude a la falta de coordinación entre Marruecos y los servicios de rescate españoles para salvar vidas. “España no activa servicios de rescate a pesar de tener información de que Marruecos no está efectivamente cometiendo omisión del deber de socorro. Estas situaciones se han producido también en aguas cuya responsabilidad SAR corresponde al estado español, en especial en la comprendida entre Laayoune y Dakhla”, denuncia.

Víctimas de las vallas y políticas denunciadas

La muerte de más de 40 personas en la valla de Melilla, en la tragedia del 24 de junio, es analizada en este informe en el que también se recuerda a las víctimas de 2005, quienes murieron, en este caso en Ceuta, por disparos y aplastamiento.

Entre los testimonios recogidos figuran algunos de los protagonistas de aquel intento de entrada en la ciudad hermana. “Fue entonces cuando empezamos a caer. Todo el mundo empezó a caer, uno tras otro. Los policías subieron hasta arriba, nos hicieron bajar para atraparnos”, recuerda una víctima de la masacre.

En cuanto al origen de las víctimas se alude a perfiles relacionados con conflictos bélicos, situaciones de pobreza o pérdida de desarrollo por el empobrecimiento debido a la falta de trabajo y ausencia de vías para poder ganarse la vida. Hay casos de violencia machista y de otros asociados a persecuciones de índole sexual.

La militarización de las fronteras es abordada en este informe en el que se alude a la violencia en algunas de las formas empleadas. Por ejemplo se cita el empleo de dependencias arbitrarias en donde se hacen detenciones forzosas incurriéndose en muchas ocasiones en falta de asistencia letrada.

Se producen detenciones sin procedimientos administrativos ni garantías, con arrestos masivos en territorio controlado por las autoridades marroquíes. “El concepto de ciudad frontera se ha ampliado aumentando la persecución de inmigrantes en territorios del interior”.

“Tanto en las detenciones, controles o actuaciones a pie de playa o valla, el uso de la fuerza que se despliega por parte de las fuerzas de seguridad del estado es exponencialmente considerando a las personas migrantes una amenaza y no sujetos de derecho. Se ha hecho uso de material antidisturbios, e incluso armas de fuego y se ha atacado de forma directa el principio del uso progresivo y diferenciado de la violencia”, expresa la oenegé.

En los intentos de entrada por las vallas de las dos ciudades se ha constatado el uso sistemático de la fuerza y el empleo de instrumentos militares con lanzamiento de balas de goma y gas lacrimógeno. De igual manera se alude a las devoluciones a países donde las personas sufren tratos crueles, inhumanos y degradantes.

De igual manera se alude a las expulsiones y desplazamientos forzosos de grupos masivos de personas.