El Gobierno pretende elevar al Pleno de la Asamblea, para su aprobación definitiva, dos modificaciones de crédito, por importe de 1.000.000 y 10.000.000 de euros, respectivamente, sin haber cumplido los trámites legales exigidos por el Reglamento de la Asamblea, según manifiesta Caballas en un comunicado enviado a los medios.
Fuentes del Gobierno consultadas por esta redacción señalan que no quieren entrar a hacer el juego a Caballas y más precisamente a Aróstegui, pero que no entienden para qué se celebran las comisiones informativas, porque cuando el interventor y la secretaria general ofrecen su opinión sobre una cuestión, rápidamente Aróstegui les dice que están equivocados y que deben hacer las cosas de otra manera.
Señalan que el Gobierno, en ninguno de los casos, "ha concedido la audiencia específica a los Grupos Políticos prevista en el artículo 77 del Reglamento. De este modo, se ha privado a los partidos de la oposición del plazo legal para presentar sus enmiendas y propuestas. Caballas considera que este hecho impide su aprobación plenaria. Así la ha hecho saber al presidente de la Ciudad, advirtiéndole de las consecuencias de proseguir una tramitación que adolece de las garantías legales pertinentes".
Por su parte, manifiestan que uno de los expedientes de modificación que se pretenden aprobar, es de un enorme calado político, tanto por su volumen económico (10.000.000 de euros) como por su significado. Se trata de 10.000.000 de euros con lo que se pretenden pagar deudas pendientes (1.200.000 gastos del año 2010, que no se han podido atender por carecer de ingresos suficientes) y 8.800.000 para pagos derivados de sentencias judiciales contrarias al Ayuntamiento.
"Lo más grave del asunto es que los 8.800.000 se pretende financiar con créditos. El ayuntamiento recurre a endeudarse con la banca para pagar deudas de gastos corrientes. Caballas duda de la legalidad de esta operación (los préstamos sólo pueden utilizarse para financiar inversiones); pero aunque fuera correcto legalmente, políticamente es inaceptable que el Ayuntamiento suma préstamos por importe de 26,8 millones para pagar el deudas pendientes del Gobierno. La inaceptable lectura política es que el Gobierno hipoteca a los ceutíes con préstamos a largo plazo (26,8 millones de euros) para pagar sus despilfarros"
