En enero empezará a implantarse un nuevo sistema de cotizaciones de autónomos que, según la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE), “penalizará gravemente” a los de las dos ciudades autónomas. Solamente en esta son más de 3.300 que verán elevarse hasta en 500 euros al mes su aportaciones a la Seguridad Social por la limitación al tramo de rendimientos netos más bajo de la bonificación al 50% que hasta ahora se extendía a todos.
El lastre que conllevará sobre la economía ceutí no debe atribuirse solo al Gobierno central, sino también a todas las partes que cerraron el acuerdo sobre este nuevo modelo: los interlocutores sociales CEOE, Cepyme, CCOO y UGT, y las organizaciones de autónomos ATA, UATAE y UPTA.
Es asumible que un acuerdo de tal calado seguramente no puede verse condicionado por las reivindicaciones de dos pequeños territorios como Ceuta y Melilla, pero la falta de sensibilidad hacia sus peculiaridades es un problema de fondo muy extendido.
La mutilación de esas bonificaciones prueba que las particularidades locales no son una prioridad en la agenda política y socioeconómica nacional y deja en mantillas parte del contenido del Plan Integral de Desarrollo de Ceuta. Cuando se prometía estudiar la extensión y mejora de las bonificaciones vigentes, lo que se prevé implementar es justamente lo contrario, una merma de su alcance con un previsible impacto directo en la economía de la ciudad en un momento de recuperación delicado.
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