La radical oposición que ha generado en las instituciones, partidos políticos y agentes socioeconómicos de Ceuta el cambio del régimen de bonificaciones en las cuotas empresariales a la
Seguridad Social promovido
por el Ministerio de Trabajo choca con otros análisis que de la variación que traería consigo sustituir el 50% actual por una cantidad fija mensual de 262 euros hacen otros analistas.
En primer lugar, según las fuentes consultadas por este periódico, la medida introducida en el Real Decreto 1/2023 que
entraría en vigor a partir del 1 de septiembre no supondría la eliminación del porcentaje para sus actuales beneficiarios, unos 9.000 en Ceuta, sino que la bonificación de cuantía fija se aplicaría a los nuevos contratados con los requisitos estipulados (contratos indefinidos y 20 horas de formación al año).
De acuerdo con los datos facilitados por el Gobierno central a El Faro, las bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social costaron a la Administración General del Estado el año pasado 35,04 millones de euros para 19.688 beneficiarios en las dos ciudades autónomas, a una media de casi 150 euros al mes.
El ahorro para la empresa se reparte con el trabajador a través del ‘Plus de Vinculación’
El dato pone cifras, en primer lugar, lo bajos que son los salarios en la ciudad autónoma fuera del sector público, que como la inmensa mayoría del de la Construcción están excluidos de ese régimen especial que sí incluye a
ámbitos como el tecnológico con mayores retribuciones, pero escasa localización real de sus plantillas, requisito que sí es imprescindible para pagar menos de IRPF.
Los sectores más importantes en términos cuantitativos de la ciudad a los que sí amparan las bonificaciones son los de la Hostelería, el Metal y la Limpieza, cuyas bases de cotización sitúan al personal con contratos de 40 horas semanales por debajo de los 1.668,82 euros de base de cotización.
En el Comercio, que también está cubierto y sí tiene retribuciones por convenio superiores para ese tipo de jornada, son “muchos” los empleados que no llegan por tener relaciones laborales de menor duración.
Las bonificaciones en las dos ciudades costaron el año pasado al Estado un total de 35 millones
El cambio de sistema sería, por tanto, en términos directos, beneficioso en términos de costes laborales para la mayoría de las
empresas locales, que pasarían de ahorrarse una media actual de 150 euros mensuales a dejar de pagar 262 con los nuevos
contratados. En lo que a los trabajadores se refiere, el sistema actual está ligado al denominado ‘Plus de Vinculación’ que establece que los empleados deben percibir un 8% extra de su salario base (a razón de 0,8 puntos por cada 5 de bonificación).
A expensas de la voluntad de la patronal y los sindicatos para retocar sus acuerdos si fuera necesario, los trabajadores también saldrían beneficiados. Actualmente un mileurista recibe 80 euros más en su cuenta por esa vía, mientras que si se trasladase el beneficio en la misma proporción a la nueva bonificación fija debería cobrar un 50% más, 130 euros.
Cuando la Administración General del Estado decidió poner en marcha este sistema de apoyo a las ciudades autónomas se encontró con dos reivindicaciones: los sindicatos exigían el pago del 33% del plus de residencia y los empresarios, dejar de abonar la mitad de sus cuotas a la Seguridad Social.
El acuerdo final fue un café para todos que aproximadamente reparte a la mitad la cantidad que se ahorra el empresario entre el patrón y cada trabajador.
Requisitos: contrato indefinido y formación anual
El nuevo marco de bonificaciones aprobado por Real Decreto y pendiente de convalidación en las Cortes Generales establece que “las empresas, excluida la administración pública y las entidades, organismos y empresas del sector público, dedicados a actividades encuadradas en los sectores de agricultura, pesca y acuicultura; industria, excepto energía y agua; comercio; turismo; hostelería y resto de servicios, excepto el transporte aéreo de ala fija, construcción de edificios, actividades financieras y de seguros y actividades inmobiliarias, así como en otros sectores o ámbitos de actividad que se determinen legalmente, en las ciudades de Ceuta y
Melilla, con cuentas de cotización asignadas a dichas empresas en las que tengan personas trabajadoras con contratos indefinidos que presten actividad en las referidas ciudades, tendrán derecho a una bonificación en la cotización [...] de 262 euros al mes durante la vigencia de los contratos”. Además de contratos indefinidos (fijos-discontinuos incluidos) a bonificación resultará de aplicación exclusivamente “en el caso de que las empresas desarrollen, para cada persona trabajadora con contrato bonificado, acciones formativas relacionadas con la actividad empresarial por un tiempo mínimo de duración de 20 horas cada año”.
Los agentes sociales atisban perjuicios para la creación de empleo y pérdida de renta
Tanto el Gobierno de la Ciudad como la Delegación, los partidos políticos más representativos y los agentes socioeconómicos han pedido al Ejecutivo de Sánchez que renuncie a cambiar el marco actual de bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social que el secretario de Estado de Trabajo ha defendido en el Senado para hacer el sistema “más transparente” y “menos regresivo”, ya que con un porcentaje “se bonifica más a quien más cobra”. La mejora prometida en el
Plan Integral ha sido repudiada por la fórmula elegida casi unánimemente en la ciudad. UGT, CCOO, la Confederación de Empresarios y la Cámara han remitido a la ministra del ramo, Yolanda Díaz, una misiva en esa línea desde la premisa de que “los trabajadores contratados a partir del 1 de septiembre dejarían de percibir el ‘Plus de Vinculación’ a la bonificación, creando de facto dos tablas salariales con el consiguiente aumento de la conflictividad laboral”.
“Igualmente ocurriría con aquellos trabajadores con bases de cotización superiores a los 1.700 euros”, a cuyos empleadores ya no les saldrían tan rentables las bonificaciones a cantidad fija como las rebajadas un 50%.
“La modificación introducida puede traducirse en una manifiesta dificultad para el mantenimiento y creación de puestos de trabajo”, han alertado patronal y sindicatos. A esos reparos el Gobierno de Vivas ha sumado la “inseguridad jurídica” que a su juicio traslada que el Ejecutivo central modifique piezas del Régimen Económico y Fiscal (REF) especial sin más ni más, a través de Real Decreto.