La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha reclamado este jueves un refuerzo urgente de medios y efectivos para la Fiscalía de Ceuta ante la “situación extraordinaria” derivada de la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma. La asociación considera que la situación actual “desborda la capacidad ordinaria” de la Fiscalía ceutí, que cuenta con solo ocho fiscales efectivos.
Entre las medidas propuestas se encuentran la puesta en marcha de un intérprete permanente, la triplicación del servicio de guardia y la posibilidad de que fiscales de otros puntos de España puedan desplazarse voluntariamente a Ceuta para prestar apoyo temporal.
Según ha publicado Europa Press, la UPF ha explicado que los fiscales destinados en la ciudad están afrontando una carga de trabajo excepcional, que incluye guardias reforzadas y actuaciones relacionadas con menores, trata de seres humanos, violencia sobre la mujer y otras situaciones de especial vulnerabilidad.
Hasta 200 entrevistas de menores en una sola jornada
Uno de los aspectos que más preocupa a la asociación es el volumen de trabajo relacionado con los procedimientos de determinación de edad. Según ha señalado la UPF, algunos días llegan a realizarse alrededor de 200 entrevistas a personas que manifiestan ser menores de edad.
Esta situación ha obligado a duplicar el servicio de guardia de la Fiscalía de Ceuta, aunque los fiscales consideran que las circunstancias actuales hacen necesario “avanzar hacia su triplicación”.
La asociación considera que el volumen de actuaciones no puede ser asumido de manera indefinida por los ocho fiscales destinados actualmente en la ciudad y reclama medidas que permitan reforzar la capacidad de respuesta del Ministerio Fiscal.
Un intérprete permanente para la Fiscalía de Ceuta
Entre las peticiones dirigidas al Ministerio de Justicia se encuentra la creación de un servicio permanente y propio de interpretación para la Fiscalía de Ceuta.
La UPF considera esta medida una de las necesidades más urgentes, ya que actualmente el servicio depende de la disponibilidad del intérprete destinado a las actuaciones judiciales.
Los fiscales subrayan que la interpretación resulta “imprescindible” para poder afrontar las numerosas entrevistas que se realizan en determinadas jornadas. “No estamos hablando de una comodidad organizativa, sino de una herramienta elemental para poder garantizar derechos”, ha defendido la asociación.
A esta dificultad se suma que la bolsa de fiscales sustitutos ha quedado desierta, según ha denunciado la UPF. Por ello, reclama que se articulen los mecanismos jurídicos, organizativos y económicos necesarios para que fiscales de otros territorios que quieran colaborar voluntariamente puedan desplazarse temporalmente a Ceuta.
“Una crisis que afecta al Estado no puede ser soportada exclusivamente por los ocho fiscales que se encuentran destinados allí. Ceuta es responsabilidad de todos”, ha reivindicado la asociación.
La emergencia no puede rebajar las garantías de los menores
La UPF también ha querido poner en valor el trabajo que están desarrollando los fiscales y funcionarios de Ceuta, así como el esfuerzo extraordinario realizado en el ámbito de Violencia sobre la Mujer.
La asociación ha advertido, no obstante, de que el compromiso de los profesionales no puede convertirse en una justificación para mantener indefinidamente el sobresfuerzo. Por ello, considera que, una vez superada la crisis, su actuación debería recibir un reconocimiento institucional expreso por parte de la Fiscalía General del Estado.
Al mismo tiempo, los fiscales han insistido en que la dimensión de la emergencia no permite reducir las garantías de los menores, de potenciales víctimas de trata o violencia sexual ni de las personas que puedan necesitar protección internacional.
La asociación considera que una situación de emergencia puede obligar a adaptar el funcionamiento de las instituciones, pero “nunca puede modificar el estatuto jurídico de las personas”.
“No necesitamos héroes para sostener el Estado de Derecho”
Ante este escenario, la UPF ha pedido a la Fiscalía General del Estado que continúe monitorizando de forma permanente las necesidades de Ceuta y mantenga una interlocución directa.
También ha reclamado al Ministerio de Justicia que atienda con la máxima celeridad las peticiones que le sean trasladadas desde el Ministerio Fiscal.
La asociación ha cerrado su comunicado reivindicando una respuesta institucional acorde con la dimensión de la situación. “Ante situaciones extraordinarias debemos ensanchar las costuras del Estado, no reducir los derechos”, ha señalado.
Y ha concluido: “No necesitamos héroes para sostener el Estado de Derecho, necesitamos que el Estado de Derecho sostenga a quienes están en primera línea defendiéndolo”.