El último abuso de las navieras ha sido llevado a cabo por Acciona. Como se ha denunciado en la prensa, incrementaron el precio del billete para residentes en un 100%. Es decir, al máximo que le permite la ley, según palabras del Delegado del Gobierno de Ceuta, Francisco Antonio González. Lo inaudito es que es esta misma autoridad pública la que insta a los ceutíes a que “castiguen” a la compañía, viajando con otras navieras, por haber hecho algo “legal”, pero “inmoral”. En otras palabras. La segunda autoridad pública de la ciudad llama al boicot contra una empresa privada. En un tono menos grave, aunque no menos “populista”, el Consejero de Economía y Hacienda de la ciudad, Emilio Carreira, lamentaba los “efectos diabólicos” de la libre competencia sobre el transporte marítimo.
Boicot consiste en “negarse a comprar, vender, o practicar alguna otra forma de relación comercial o de otro tipo con un individuo o una empresa considerados, por los participantes en el boicot, como autores de algo moralmente reprobable”, según se puede leer en Wikipedia. Además, añade, es una de las tácticas que emplean los defensores del consumo ético. Pero también son estrategias que utilizan diversas organizaciones de ciudadanos para avergonzar a aquellas empresas que realizan prácticas “legales pero inmorales”, como prohibir sindicatos, comerciar con armas, traficar con seres humanos, contaminar el medio ambiente, no adoptar las medidas de seguridad e higiene adecuadas en el trabajo, utilizar el trabajo infantil. El campo es muy amplio. La Responsabilidad Social Corporativa, de la que he hablado en otras ocasiones, busca que las empresas usen sistemas de gestión sostenibles, que vayan más allá del mero cumplimiento de las legislaciones nacionales.
Y este mecanismo de presión ciudadana es heredero de una vieja estrategia empleada por los sindicatos en los primeros años de la industrialización. Se le denominaba label. Consistía en efectuar el control de calidad de los productos por parte de los propios trabajadores a través de un sello de garantía que colocaban en el momento del envasado de los productos. De esta forma, eran los propios obreros los que con su acción directa, garantizaban que los productos ofrecían las suficientes condiciones de higiene y calidad y que los ingredientes figuraban en la etiqueta. Evidentemente, esto impedía que los empresarios corruptos e irresponsables pudiesen hacerse de oro a costa de la salud de los consumidores.
Como se puede ver, tanto el boicot como el label son caras de la misma moneda. Es decir, son mecanismos de autodefensa de los ciudadanos y de los trabajadores, para evitar que nuestro bienestar y nuestra salud queden en manos de empresarios codiciosos, cuando las autoridades no hacen nada por impedirlo. Sin embargo, el label ya no se aplica por los actuales sindicatos. El boicot, aunque comienza a ser efectivo a través de las redes sociales, aún le queda un largo recorrido para que llegue a ser eficaz. Uno y otro siguen siendo necesarios en gran parte del mundo. Fundamentalmente en aquellos países (la mayoría), en los que las legislaciones y las instituciones no están desarrolladas ni consolidadas. En muchos de ellos, son las grandes corporaciones empresariales multinacionales las que corrompen a los gobernantes locales. Por ello es imprescindible que se actúe desde los países más desarrollados a través de las tecnologías de la comunicación.
En los países más avanzados, hay leyes que protegen a los consumidores, la libre competencia y también el interés público. En España, la Ley de Defensa de los Consumidores sanciona aquellas conductas que supongan subidas abusivas de precios, sin justificación. Y la Ley de Defensa de la Competencia, también nos protege, en teoría, del abuso de posición dominante, como la imposición de precios o servicios no equitativos. Pero es que en el tema del transporte, la política comunitaria está notablemente influenciada por las normas internacionales y el Derecho Comunitario, como ya explicaba en un artículo anterior, y busca la realidad del coste del servicio pagado, además de la seguridad y fiabilidad de los modos de transporte. También permite que el libre acceso al mercado pueda ser restringido o condicionado por la Administración por razones de interés general, como desajustes de la oferta y la demanda, razones de política económica ligadas a una mejor utilización de los recursos disponibles, para asegurar una adecuada satisfacción de las necesidades de la comunidad… etc. Es decir, como ya dije en esa ocasión, las Administraciones Públicas tienen competencias suficientes para limitar las actividades de las empresas privadas, si ello significa un mayor beneficio a la sociedad.
Lo anterior me lleva a pensar que quizás estas autoridades públicas locales que nos están llamando al “boicot”, aún no han entendido su papel en esta película. Si hay mecanismos legales para evitar los abusos de las navieras, aunque ellos los desconozcan, deberían dedicarse a convencer a las autoridades nacionales y comunitarias de la necesidad de intervenir en el asunto. La razón más importante para hacerlo es que aquí no hay competencia, sino un mercado dominado por tres navieras, que tienen como clientes “cautivos” a los residentes en Ceuta y a los eventuales inmigrantes que vuelven de vacaciones a sus lugares de origen. Y esta es una razón poderosa para que hubiera habido una intervención pública urgente en defensa de los consumidores y del interés público. Lo de las llamadas al boicot o al label, si ello fuera necesario, es cosa de otros. Pero que luego no nos vengan con multas y sanciones por ejercer nuestros derechos, como ocurrió por llamar al Ministro de Educación por su nombre.