La consejera de Presidencia, Gobernación y Empleo, Yolanda Bel, defiende la legalidad absoluta de la medida adoptada por el ejecutivo de la Ciudad de reducir en un cincuenta por ciento el plus de jornada especial que cobran los bomberos y policías, después que los mismos no hayan aceptado la oferta que se les hizo en su día.
Hace estas afirmaciones a raíz de la decisión que han tomado los sindicatos de judicializar esta medida para que sea el Juzgado de lo Social la que se pronuncie sobre este particualr.
Señala que en primer lugar la legalidad se basa en los informes jurídicos que el equipo de gobierno a pedido a los técnicos del área de Recursos Humanos a la hora de la interpretación del decreto ley aprobado por el Gobierno de la Nación en Consejo de Ministros y ratificado después por las Cortes Generales. .
En segundo lugar, destaca que también la secretaria general de la Asamblea ha dado el visto bueno a la citada medida, sin poner ningún pero y que "luego, no hay mayor rango que la propia ley que lo dice de manera clara donde se debe incrementar en dos horas y media el trabajo del personal público a la semana".
Considera que el trabajo que ha realizado la Consejería de Economía, Hacienda y Recursos Humanos ha sido bueno desde el principio y que han establecido cuales eran las normas desde un principio, sin que nadie pueda acusar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de no haber intentado hasta el último momento un punto de unidad con el pensamiento de quienes se mostraban en contra, "porque, desde luego, no se ha querido hacer ningún daño al dinero que cada uno cobraba al mes".
Puerta abierta
De todas maneras, tal y como publicamos en nuestra edición del viernes, todavía existe una puerta abierta porque un grupo numeroso de funcionarios le quiere hacer llegar al equipo de gobierno una propuesta que cumpla perfectamente con la ley y que ellos no salgan perjudicados monetariamente, y que luego el equipo de gobierno transmitirá a los sindicatos.
Una circunstancia que, desde luego, no se puede retrarsar en muchas semanas, pero que, en definitiva, vendría a redundar en la última oferta del mismo gobierno, en el sentido que cada uno de los trabajadores afectados tenga la libertad de elección en si desea que no se le rebaje ese cincuenta por ciento y por tanto las horas se acumulen en una bolsa que serían utilizadas por sus respectivos servicios a lo largo del año o se mantendría en que prefiere la rebaja a la mitad de ese plus de jornada especial.
