Uno de los asuntos incluidos en este primer expediente de modificación de créditos es el relacionado con la base 19, por la que se licitaban todos los contratos a partir de 500 euros. Según concretó Chandiramani, esta medida obedece a la adaptación de los procedimientos de contratación a la nueva Ley de Contratos del sector público, lo que ha justificado la derogación de la obligación existente hasta la fecha de sacar a concurso cualquier gasto que fuera superior a 500 euros.
Caballas fue muy crítico con esta medida puesto que recalcó que algo que funcionaba bien y que venía a dotar de transparencia las adjudicaciones, ahora era eliminado poniendo como excusa una interpretación de la ley que no era acorde con la realidad, insistieron los localistas.
¿Qué cambia a partir de ahora? Los gastos que son inferiores a 15.000 euros tanto en suministros o servicios o a 40.000 en obras no tendrán que salir obligatoriamente a concurso evitando siempre que pueda producirse un fraccionamiento en beneficio de un empresario, por lo que se insta a realizar una planificación de las necesidades que se tengan.
La entrada en vigor el pasado marzo de la Ley de Contratos del Sector Público ha fundamentado esta derogación que viene a tumbar una propuesta que sacó adelante la propia Ciudad Autónoma precisamente con el fin de acabar con lo que se presentaba como un reparto de contratos menores sin concurso.
La medida no gustó a muchos empresarios que veían como, ahora, podía presentarse cualquier entidad que ofertara a la baja generándose una cadena de incumplimientos porque empresas de la otra punta de España no podían afrontar los encargos por los que ellas mismas habían pujado y ganado. Según el concejal Aróstegui, la medida que ahora tumba el PP ha supuesto no solo terminar con las adjudicaciones siempre a las mismas empresas sino ahorrar un 30% a las arcas públicas.
Ahora los contratos menores no tendrán que salir a concurso, pero cada encargo que lleve a cabo un consejero irá fundamentado para que no se incurra en fraccionamientos o decisiones sospechosas.
Cada tres meses todas las consejerías deben publicar en la Plataforma de Contratación del Sector Público los contratos menores adjudicados y remitir una relación de los mismos al Tribunal de Cuentas, lo que a juicio de la propia Ciudad supone el cumplimiento de las medidas de transparencia.
