El asesor delegado de Fiestas, Eduardo Ayala, y la consejera de Educación, Cultura y Juventud, Pilar Orozco, comparecieron este jueves para responder a las acusaciones del PSOE de Ceuta sobre un supuesto fraccionamiento de contratos en el área de Festejos, y a las presuntas irregularidades detectadas en expedientes vinculados a la programación de Navidad y Carnaval.
Ambos han rechazado de forma rotunda cualquier actuación ilegal y han defendido que todos los expedientes cuentan con los informes jurídicos correspondientes.
Orozco y Ayala han insistido en que la comparecencia responde a rueda de prensa de ayer por el PSOE de Ceuta, en la que su secretario de Organización, Antonio Coronil, acusó al área de Festejos de fragmentar contratos menores para evitar procedimientos abiertos.
“No hablamos de ningún procedimiento irregular. El contrato menor es una figura expresamente prevista en la ley de contratos del sector público y es habitual en el área de fiestas", ha defendido Orozco, quien ha remarcado que sin esta fórmula "no se podrían hacer determinadas actividades" necesarias para atender las necesidades de programación.
La defensa de Orozco: legalidad y transparencia
Orozco ha insistido en que “todo está en la plataforma de contratación” y que los informes “se quedan incorporados” a cada expediente, con "trazabilidad" completa.
"Todos los expedientes los aportamos. El diputado está en su derecho de consulta e información de acuerdo al reglamento de la Asamblea. Hablar de falta de transparencia no tiene sentido", ha señalado, subrayando que se ha entregado toda la documentación solicitada por los diputados.

La consejera ha explicado que parte de los contratos señalados por el PSOE corresponden a actuaciones artísticas sujetas a cláusulas de exclusividad, una circunstancia que, según ha recordado, cuenta con un tratamiento específico dentro de la legislación de contratación pública.
Ayala: "No accedo a los expedientes" y niega favoritismos
Ayala ha explicado que se trata de “contratos especiales” de actuaciones artísticas
-orquestas, bailes, pasacalles, que se suman a otros de mayor volumen destinados a iluminación o sonido para actividades que se desarrollan a lo largo de todo el año, así como a convenios de colaboración con entidades y asociaciones de la ciudad como la tertulia flamenca o Amigos de la Música.
Sobre las diferencias de precio señaladas por Coronil, ha explicado que "hay caches distintos conforme a los distintos artistas", con especificaciones propias de cada actuación.
El asesor delegado ha negado “rotundamente” las acusaciones de Coronil sobre su persona, a quien ha acusado de “crear opiniones con afirmaciones falsas" y de incurrir en "injurias y calumnias”.
“Si ve indicios de delito, que se vaya al juzgado", ha respondido Ayala, insistiendo en que su función es de asesoramiento a la consejera y al área de Fiestas, sin capacidad de decisión sobre las contrataciones: “Yo no accedo a los expedientes, para eso están funcionarios, técnicos y jurídicos. Yo no indico a quién hay que contratar.” Ha confirmado que no dimitirá y que comparecerá en la Asamblea si así se solicita.
Sobre el vínculo señalado entre una de las empresas contratadas y un familiar suyo, Ayala ha reconocido que su suegro trabaja en una de esas empresas, con la que, según él, se viene colaborando “desde años atrás”, antes de su llegada al área, y ha negado haber dado instrucciones para favorecerla.
Respecto a las cuatro empresas de Utrera señaladas por compartir dirección fiscal, ha explicado que son "empresas de multigestión" con distinto CIF, y que el criterio de contratación es el precio más competitivo, no una relación previa: "En ningún caso indicamos a qué empresa hay que contratar; al más barato es al que se contrata."

Defensa de la programación festiva
Ayala ha defendido que la contratación de artistas constituye una "promoción cultural" sujeta a una ordenanza de precios que no puede alterarse, y ha comparado esta vía con la del Revellín o las Murallas, donde la ciudad se limita a facilitar el espacio y es el empresario quien asume la tasa de uso público: "Los precios desde lo público son más accesibles que si proceden de lo privado."
Sobre el expediente con la firma de Rontomé señalado por Coronil, Orozco lo ha calificado de "error administrativo" de un documento de 2021, "subsanable", y ha insistido en que "errores de forma no implican ilegalidad."
El origen: la denuncia del PSOE
La comparecencia llega después de que el secretario de Organización del PSOE de Ceuta, Antonio Coronil, denunciara públicamente, un día antes, una práctica de fraccionamiento de contratos menores en el área de Festejos, dependiente de la Consejería de Educación, Cultura y Juventud.

Los socialistas sostienen que, tras analizar decenas de expedientes, han detectado alrededor de 42 contratos menores que, según sus cálculos, superan conjuntamente los 450.000 euros.
El PSOE considera que esos contratos habrían sido divididos para evitar procedimientos de contratación abiertos y ha señalado que varias adjudicaciones recaen en empresas que compartirían administradores o vínculos societarios.
Asimismo, Coronil apuntó directamente a Eduardo Ayala, al asegurar que en diversos documentos y facturas aparece su nombre pese a tratarse de un cargo de asesoramiento. A esto, Ayala señala que no hay facturas a su nombre, sí que puede haber presupuestos puesto que sería él, quien los solicitó en su momento.
Los socialistas consideran que esa circunstancia debe ser aclarada y han anunciado su intención de acudir tanto a la Fiscalía como al Tribunal de Cuentas.
Petición de responsabilidades
La denuncia socialista incluyó también la solicitud de comparecencia de la consejera responsable del área y la petición de cese de Ayala si no se aclaran las circunstancias denunciadas.
Desde el PSOE consideran que existe un patrón repetido en la contratación de actividades festivas durante los últimos años y reclaman una investigación para depurar posibles responsabilidades.
La polémica sobre estos contratos abre un nuevo frente político entre Gobierno y oposición, después de que el PSOE haya anunciado que trasladará la documentación recopilada a los órganos fiscalizadores para que determinen si existen o no irregularidades en la gestión de estos expedientes.







Si pasa en festejos, pasa en otros servicios, será algo habitual, había que darle un repaso a todos esos contratos, descubrir a quien pertenecen las tres propuestas que hay que presentar para la adjudicación de los mismos al presupuesto más económico, si se ajusta a la realidad...
Espero que se haya abierto un melón, porque hay muchos que se forraron o se están forrando a costa del dinero público, ojalá no quede en nada.
que van a defender si esta claro a los juzgados y punto, basta ya de tantos abusos,prevaricacion,placas de guardia civil falsa hasta donde vamos a tener que aguantar tantas barbaridades no es normal hay que darles un buen escarmiento.