La Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta emitió ayer un auto claro, mucho, en torno a una causa tan complicada como ha sido la vinculada a los sucesos del 6F, que dejaron 15 inmigrantes muertos en su intento por cruzar a Ceuta bordeando el espigón del Tarajal. El máximo órgano judicial en la ciudad desgrana punto por punto en sus fundamentos de derecho las claves de una resolución judicial de las más claras y contundentes que se han leído últimamente, dejando en evidencia la falta de pruebas que pudieran vincular la actuación de los guardias civiles con las muertes de estas personas. Se ha escrito mucho, se ha opinado demasiado y se ha hablado sin saber los detalles de una causa dando por hecho aspectos que no existían en realidad. Y en medio de este escenario se ha hecho mucho daño a profesionales que, trabajando con pulcritud y profesionalidad, se han visto machacados por esa corriente. La causa del Tarajal nació en 2014 cuando se produjo esta auténtica tragedia de la que se han adueñado partidos políticos y movimientos sociales que han usado el dolor como su bandera de ataque y crítica, como si al resto de personas no les doliera el fallecimiento de 15 jóvenes que solo buscaban tener la oportunidad de un futuro mejor. Ese dolor se lo adueñó un movimiento social y político que decidió atacar a todos los que pensaran distinto a ellos. A los ciudadanos ajenos a la causa pero también a los que de una u otra forma estaban relacionados con ella. Los guardias civiles fueron vapuleados, pero también los profesionales de la justicia. La causa del Tarajal nació con una instrucción judicial impecable que concluyó en primera instancia y con un inicial archivo que no había nada que pudiera incriminar a los guardias civiles con algo tan grave como un homicidio imprudente por cada uno de los fallecidos. No existía una causalidad, no había pruebas, ni siquiera indicios que pudieran sostener una acusación en firme, enervar la presunción de inocencia de los agentes y sostener un esquema lógico y con consistencia para ordenar la apertura de juicio oral y sentar en el banquillo a los acusados. No obstante, durante un procedimiento que ha durado seis años, se agotaron todas las vías posibles ordenándose la práctica de todas las diligencias habidas y por haber. Se llegó a un punto en el que, llevado al límite esa acción investigadora y con un informe elaborado por la propia Policía Judicial sobre lo acontecido ese 6 de febrero, no se ha obtenido hilo alguno, siquiera un resquicio para continuar manteniendo una acusación sobre los agentes marcados por su condición de investigados todo este tiempo. Hay resoluciones judiciales complicadas de entender, pero esta precisamente no. Esta es muy clara y valiente, independiente ante una presión política y social que ha sido permanente pero que no ha conseguido hacer mella en un poder judicial fuerte y en una sala, la de la Sección VI, ajena a cualquier tipo de contaminación y que ha marcado un punto y final a una instrucción que se comenzó, en el juzgado número 6, con todo el análisis merecido.
