Que la economía global haya crecido un 3%, parece ser que no solo no es suficiente, sino que, además: se trata de un nivel por debajo de lo esperado; no implica que ese crecimiento se mantenga indefinidamente; y es un crecimiento que obedece principalmente a reanimar las economías tras la recesión. Y este nivel de crecimiento es el que el Fondo Internacional Mundial proyecta negativamente para 2020. A pesar de que este mismo organismo, el FIM, haya comprobado que solo el 7% de los 200 países observados hayan tenido un crecimiento negativo en el último año.
Todo ello nos conduce a percibir que el crecimiento económico que estamos viviendo es débil y lento. Y además es un crecimiento donde las grandes empresas, frente a las otras que no lo son, crecen más y dominan más el mercado. Y donde por ejemplo en Europa, de acuerdo con un reciente estudio de economistas franceses (How unequal is Europe?), el índice de pobreza permanece en el 21%; el mismo índice que a mediados de los años 2000. Según este estudio, el crecimiento de la desigualdad, visible en casi todos los países de Europa, ocurre en el contexto de una creciente competición fiscal entre los Estados europeos, que merma el carácter progresista de los impuestos.
En esta dinámica progresista, la diversidad política de la Unión Europea parece haberse deslizado desde la protección y la solidaridad hacia el crecimiento y la globalización. Al igual que la, cada vez más, fragmentación política en nuestro país, se está desplazando hacia inesperadas, extemporáneas, y puede que inestables, coaliciones de gobierno en autonomías, en municipios y en Moncloa.
Sin embargo, en Europa se pactan prioridades para los próximos 5 años, tales como el hacer frente al: desempleo (estableciendo un salario mínimo europeo); cambio climático (consiguiendo ser neutrales para 2050 en emisiones de carbón); e inmigración (cooperando con los países Africanos). Y en nuestro país (Spain is different), cuestiones como por ejemplo “el impuesto al sol”, ahora se pone (PP), ahora se quita (PSOE). Se pone y se quita, frente las grandes empresas, que no solo dominan cada vez más el mercado sino también la política.
La pérdida de clientes debido al autoabastecimiento energético, fue en 2013 un argumento convincente, por parte de Empresas energéticas con gran poder, para la creación de ese impuesto al sol. De modo que los propietarios de viviendas, de una manera drástica, fueron considerados competencia, proveedores de energía, y en consecuencia requeridos a pagar sus correspondientes impuestos. Y ahora, tras haberse desechado, en 2018, este impuesto, se abren dos caminos importantes. Uno, la facilidad de que el ciudadano pueda instalar sus paneles solares para su propio abastecimiento y de que pueda vender en la Red, la energía que le sobre. Otro, la posibilidad para España de compartir escenario con los líderes mundiales en energía renovable. Ya que, por ejemplo y paradójicamente, Alemania genera 10 veces más energía solar que España. Teniendo nuestro país, el doble de horas de sol que el país germánico pero donde se ofrecen incentivos financieros para la instalación de paneles solares.
De modo que desde la política real del día a día, en la que no es fácil mantener nuestra propia identidad, las energías renovables son bienvenidas y más aún si les hacen frente a sus oportunos competidores. En todo este paisaje, empresas como Eléctrica de Cádiz, Barcelona Energía (BE) o el plan Madrid Central – Zona de Bajas Emisiones, descubren el beneficio de la llegada de nuevos partidos a la escena política dominada por socialistas (Psoe) y conservadores (Pp). Beneficio frente a extemporáneas, y puede que inestables, coaliciones de gobierno.
La cuestión de la energía (desechando los contratos abusivos de las eléctricas, por ejemplo), y de la energía renovable, son claves centrales en la gestión de José María González en Cádiz y de Ada Colau en Barcelona. Al igual que para Madrid Central tendrán que serlo los principios ideológicos (dentro del marco europeo) representados por actores tales como Begoña Villacis y José Luis Martínez-Almeida (vicealcaldesa y alcalde de Madrid).
El incumplimiento con los objetivos de la UE en reducción de emisiones, renovables y eficiencia energética para 2020 está a la vuelta de la esquina. Y según el último informe sobre la Unión de la Energía, España lo hará, no alcanzando el 20% establecido. Este incumplimiento, implica que la política energética se ha venido gestionando prácticamente como siempre se ha hecho, y donde las grandes empresas dominan. Aunque paradójicamente hayan llegado nuevos partidos que han cambiado la hegemonía del bipartidismo.