El Consejo de Ministros aprobó el pasado 9 de octubre la celebración del concierto del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) para 2025 y 2026, permitiendo a los beneficiarios acceder a asistencia sanitaria a través de entidades aseguradoras. Sin embargo, aún no se detallaron los presupuestos, lo que ha creado una gran incertidumbre para todos los afectados. Esto ha generado preocupación en ciudades como Ceuta, donde numerosos guardias civiles y sus familias dependen de este sistema para acceder a asistencia sanitaria.

De hecho, la Asociación Unificada de Guardias Civiles salió al paso para denunciar la falta de transparencia del Gobierno en la nueva licitación del ISFAS, cuyo contrato será por valor de algo más de 1.200 millones de euros para el próximo bienio de 2025 y 2026.

"Un incremento que supone un 11,19% en el presupuesto respecto al anterior concierto, que fue trienal. Entre 2022 y 2024, los fondos totales fueron de 1.620 millones de euros, lo que supuso una subida del 8% en el primer año, un 8,75% en 2023 y un 10% en este 2024, repartiéndose este último ejercicio 546 millones de euros", ha indicado AUGC en nota de prensa.

Sin embargo, para esta asociación la subida es "insuficiente ya que la cifra queda por debajo de la mutualidad de los funcionarios (MUFACE), a la cual el Gobierno ha ofrecido a las aseguradoras un 17,12% más para el próximo bienio".

"También para las exigencias de las aseguradoras esta oferta se encuentra por debajo de lo esperado por las compañías, que reclamaban cifras cercanas al 40% en los dos próximos años. Esta licitación, no obstante, no estaba concursada por las mismas aseguradoras que Muface, ya que aquí solo participaron en el último concierto Adeslas y Asisa, mientras DKV declinó la propuesta", han continuado.

Desde la Asociación consideran que es preciso "solucionar el problema, incrementar la financiación y que esta llegue a los prestadores de servicios, y a los guardias civiles y familiares que optan por este modelo".

"La salud y el bienestar de los guardias civiles y sus familias no deben ser relegados, y seguiremos trabajando para garantizar que se respeten nuestros derechos y se mantenga un acceso equitativo a la sanidad", han concluido.

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