La Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional ha dictado condenas para los 33 acusados integrantes de una banda dedicada a la introducción de
hachís en la Península para su posterior distribución en el país y en el extranjero. Dos son de Ceuta y todos ellos admitieron su relación con un delito de tráfico de drogas dictándose sentencias por conformidad. Las penas más elevadas alcanzan los dos años y medio y las menores se quedan en año y 7 meses. En el caso de los dos ceutíes condenados, uno ha aceptado una pena de 1 año y once meses de
prisión y otro, año y 7 meses, según la sentencia a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso El Faro.
En el acuerdo entre las Defensas y Fiscalía se ha tenido en cuenta como atenuante las dilaciones indebidas muy cualificadas, ya que la causa se dilató en el tiempo más de 9 años.
La sentencia hace referencia a las investigaciones que llevó a cabo el Grupo de Delincuencia Organizada de la Guardia Civil en el año 2009, al detectarse la introducción de hachís en la zona de Valencia. Detrás estaba el trabajo de una organización que se dedicaba a la adquisición de la mercancía para su distribución no solo en España, sino también en Holanda y Reino Unido. El transporte del hachís se llevaba a cabo en narcolanchas y fue así como la organización introdujo grandes cantidades contando con enlaces holandeses, italianos, españoles y también marroquíes. Era una estructura perfecta que empezó a introducir cargamentos alertando a los investigadores de la comisión del delito a gran escala.
La Guardia Civil pudo conocer no solo de la existencia de esta infraestructura, sino también de la creación de empresas que servían de tapadera para la segunda parte del negocio, la introducción del dinero procedente del narcotráfico en el circuito legal.
El juicio se celebró nueve años después de que se llevara a cabo la operación
Consta en las investigaciones los encuentros mantenidos entre miembros de la organización para agenciar los pases de hachís. Cómo la compra de la mercancía se cerraba por ejemplo en Ceuta para, con los enlaces habidos en nuestra ciudad, favorecer la entrada de esa mercancía y su posterior reparto.
Las intervenciones de las fuerzas de seguridad empezaron a tener su efecto: se perdieron pases y se abortaron varias salidas, generando enfrentamientos entre los distintos miembros participantes del delito.
El operativo de la Guardia Civil dio con las primeras detenciones, la incautación de teléfonos móviles, de hachís, de vehículos y la detención en cadena de los implicados en toda esta trama. Funcionaba gracias a la creación de un complejo de empresas destinadas a la introducción de la mercancía. muchas de ellas radicadas en Melilla, ciudad de la que proceden varios de los condenados. De los análisis de los saldos de dichas entidades se pudo deducir que buena parte de los ingresos no constaban con una justificación documental adecuada.
La operación llevó a la detención de hasta 33 personas. Sorprende las penas alcanzadas pero en la misma se ha tenido en cuenta las dilaciones indebidas no atribuidas a las partes que ha llevado a que todos ellos se sentaran en el banquillo 9 años después de haber sido detenidos. Los acuerdos llevaron a una adopción de condenas menor que la prevista en la calificación inicial presentada por el Ministerio Fiscal.
Entrada continuada de embarcaciones
Los datos que llevaron a la intervención de las fuerzas de seguridad apuntaban a la entrada continuada de embarcaciones en la Península cargadas de droga. Se tuvo conocimiento de la entrada de más de 3.000 kilos de hachís y, poco después, la pérdida de otro cargamento lo que llevó a que hubiera diferencias entre los componentes de la organización. El transporte se buscó no solo en lanchas sino también en camiones, procediéndose de manera gradual a la detención de todos los ahora condenados: españoles, marroquíes... entre otros. El paso del tiempo ha jugado en contra de una condena mayor dada la gravedad del delito.