30 de mayo de 2016, queda calcinado el kiosco que regentaba la hermana de un agente de la
UDYCO, después de dos intentos previos que fracasaron. 21 de febrero de 2017, arde un Mitsubishi Montero en la calle Saturno, en la barriada de Zurrón, propiedad de una pareja de agentes de UDYCO y UDEV. Un mes después, 9 de marzo de ese mismo año, queman un vehículo Opel Astra de otro agente de la UDYCO aparcado a las espaldas del colegio Príncipe Felipe de Ceuta.
Todos estos actos son hechos probados recogidos
en sentencia publicada este jueves sobre la quema de bienes propiedad de agentes de la UDYCO y de sus familiares. Hubo incendios provocados y hubo también quien los causó. La coincidencia de que todos salpicaran a agentes de una misma Unidad y que se produjeran en un momento de importantes golpes al narcotráfico y a la delincuencia organizada asoma de trasfondo.
Casi cinco años después nadie queda castigado por esos atentados, a ojos de la Justicia no hay culpables porque no hay pruebas. En el otro lado de la balanza queda una UDYCO fragmentada, rota así como sus propias familias.
La clave de esta sentencia absolutoria es la falta de pruebas y afecta al acontecimiento número 95. De los 50.000 que componen el procedimiento, la alerta roja se sitúa en este. Un acontecimiento, una carpeta que no existe. Pero debería existir y debería contener el auto que dio pie a todas las actuaciones de esta investigación.
“No existe en las actuaciones dato alguno que permite conocer cómo apareció el terminal cuyo estudio se acordó, ni en qué momento ni a qué persona le fue intervenido. Es más, no existe siquiera el informe policial solicitando el estudio del teléfono”, concreta la magistrada en la sentencia. Esa diligencia es por tanto nula y todas las intervenciones posteriores también lo son.
Si no está en el procedimiento es como si no existiera. Aunque sí, existió porque los posteriores acontecimientos contienen documentación relacionado con ese oficio, pero no está y por tanto es como si a ojos de la maquinaria judicial nunca hubiera existido un origen de toda la causa posterior, un examen de un teléfono en el que se hallaron fotografías de otras quemas como la del kiosco y de la que comenzaron a salir identidades de sospechosos para continuar con las investigaciones.
La nulidad de libro ha caído como una losa sobre todo en el seno de la Policía y, más aún, en los perjudicados. Al margen queda una investigación que costó mucha inversión de recursos, un trabajo que queda en el olvido.
Absueltos todos los acusados
En la sentencia de este jueves se cumplió lo que se esperaba. Los seis acusados de perpetrar las quemas de bienes propiedad de agentes de la UDYCO y de sus familiares fueron absueltos por la magistrada del Juzgado de lo Penal número 1, 24 horas después de haber terminado
la última de las tres sesiones de juicio oral que se han estado celebrado desde este lunes.
La absolución, reflejada en la sentencia a la que ha tenido acceso El Faro de Ceuta, implica además la puesta en libertad del único de los acusados que estaba en prisión, aunque no la abandonará porque está cumpliendo condena por otras causas. La magistrada se basa en la nulidad acordada antes del inicio de la primera sesión, al no hallarse un oficio en el procedimiento del que partieron todas las demás pruebas que sirvieron para ir deteniendo a los presuntos implicados. “No existe prueba de cargo suficiente para alcanzar una certeza objetiva sobre la participación de los acusados en los incendios”, expone.