Dónde están esos pueblos de la España vaciada y envejecida? Burgos, Soria, Zamora, Guadalajara, Zaragoza, La Rioja, y aldeas en Zamora o Teruel tienen censos de población formados, casi exclusivamente, por personas adultas, mayoritariamente jubiladas.
Si la voluntad del Gobierno central es tramitar la solicitud de protección internacional de todos los menores que entraron de forma masiva e irregular en Ceuta, el pasado 30 y 31 de julio -en su mayoría marroquíes- y que decidieron no regresar “voluntariamente” a su país, aludiendo a su compromiso con la Convención Internacional de los Derechos del Menor, pero sin contextualizar ni considerar el abuso que se está produciendo de estas leyes, y a sabiendas que la reagrupación familiar es casi imposible dado que muchos de ellos vienen con un proyecto de migración planificado y tutelado por sus propios familiares, alentado o permitido por las propias autoridades marroquíes, ¿no sería más conveniente reubicar a estos menores en familias de acogida y/o casas de acogida en provincias con despoblamiento o población envejecida? De este modo se ayudaría a descongestionar Ceuta y a darle un motivo de confianza y esperanza a la población local.
Los menores migrantes, sus familias y los países en desarrollo de procedencia conseguirían una especie de visado de estudios para esta población a cambio de contribuir a revitalizar nuestras comunidades vaciadas. Si es una buena idea de intercambio recíproco o de solidaridad internacional con los menores de estos países, seamos pragmáticos y revisemos si ya contamos con la infraestructura para su acogida inmediata, mientras se tramitan sus solicitudes. Tengan en cuenta que Ceuta cuenta con una elevada tasa de pobreza infantil relativa y alta tasas de abandono escolar, además de mayor conflictividad en las escuelas públicas. No sería el mejor lugar para dicha integración escolar y social.
Le pregunto a la IA es cuál es la red de centros de acogida y de pisos tutelados de menores no acompañados en esas provincias:
Burgos: Cuenta con proyectos especializados como el Hogar Burgos, una vivienda normalizada orientada a la inserción de jóvenes migrantes no acompañados. Asimismo, trabajan organizaciones como la Asociación Hechos, que coordina hogares de acogida y programas de autonomía integral en la provincia, y la red pública dispone de centros generales como la Residencia de Protección de Menores Gregorio Santiago.
Soria: Dispone de una red de hogares como los Hogares de Acogida Calasanz 2 y 3, orientados a la atención residencial de jóvenes tutelados.
Zamora: No cuenta con recursos residenciales en las aldeas sin población infantil, por la falta de centros educativos y de apoyo, aunque sí en Zamora capital, pudiendo residir esos menores en las aldeas y desplazarse a esos centros educativos en las cabeceras de comarca.
Los Servicios Sociales regionales suelen centralizar la atención de este colectivo en entornos con acceso a formación profesional. Al igual que en las provincias anteriores, no existen este tipo de recursos para menores en pedanías despobladas debido a la obligatoriedad legal de garantizar su acceso inmediato al sistema educativo y a servicios médicos. Pero quizás fuera el momento de mejorar los servicios de estas comarcas dotándoles de esos servicios, tan beneficiosos para población inmigrante como autónoma. Quizás la Fundación Federico Ozanam podría liderar esta transformación.
La comunidad autónoma cuenta con infraestructuras como la Residencia La Cometa, la Residencia Iregua y una red de viviendas específicas repartidas bajo nombres geográficos de la región (pisos de acogida residencial Jubera, Leza, Cidacos, Oja, Tirón y Najerilla) destinadas tanto a la protección inmediata como al acogimiento residencial de larga duración.
El Ministerio de Juventud e Infancia tiene una capacidad de acogida en todo el país de unas 17.080 plazas para menores migrantes no acompañados hasta que el menor alcanza los 18 años; luego pueden pasar a programas de transición a la vida adulta para jóvenes extutelados, normalmente hasta los 21 o 23 años. Las derivaciones desde las zonas de llegada como Ceuta hacia provincias como Burgos, Zaragoza o La Rioja se planifican en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. Los traslados se deciden en función de un modelo matemático basado en indicadores fijos: el 50% por la población de la comunidad receptora, el 13% por la renta per cápita, y variables como las tasas de desempleo y la sobreocupación previa del territorio.
Quizás sea el momento de reducir el porcentaje por comunidad receptora y de añadir el de zona despoblada o envejecida. Para financiar estos gastos imprevistos por repuntes migratorios, el Estado transfiere fondos específicos adicionales a las autonomías, complementando lo que cada comunidad ya invierte en su red general de protección a la infancia. ¿De cuánto dinero estamos hablando?
Fondo de Acogida Solidaria: El Consejo de Ministros aprobó el reparto de 35 millones de euros destinados directamente a las comunidades autónomas para la atención de menores migrantes no acompañados derivados. Hasta el momento, ese fondo se ha distribuido por las regiones mencionadas de la siguiente manera:
Castilla y León (Burgos, Soria, Zamora): 740.629 euros.
Aragón (Zaragoza, Teruel): 574.168euros.
Castilla-La Mancha (Guadalajara): 591.055euros.
La Rioja: 229.185 euros
Canarias: 4.000.000 euros
Melilla: 4.103.890 euros
Ceuta: 93,5 millones de euros (con las partidas extraordinarias de julio, agosto y septiembre)
Si es un fondo extraordinario de solidaridad, parecería una buena oportunidad para esas regiones. Las consejerías de Servicios Sociales son las que asumen la custodia del dinero y deciden cómo repartirlo, contratando la gestión directa de los centros de menores y de los pisos de acogida mediante dos vías: a través de convenios de emergencia o mediante licitaciones del sector público. Las principales entidades sociales, fundaciones y ONGs que suelen operar son Cruz Roja Española y Save the Children, a nivel nacional, y fundaciones religiosas o sociales sin ánimo de lucro especializadas en infancia vulnerable como los Salesianos, la Fundación Federico Ozanam en Zaragoza o la Asociación Hechos en Burgos. En comunidades como Ceuta, Madrid, Castilla y León o La Rioja también resultan adjudicatarias de estos contratos empresas como Clece o Lagunduz u otras cooperativas sociales, que ganan los concursos públicos licitados por las consejerías para dotar de personal técnico, educadores y alimentos a las viviendas tuteladas.
Con respecto a estas adjudicaciones, ya han habido algunas investigaciones judiciales por presunta malversación de fondos públicos y administración desleal de entidades como Quórum Social 77, una entidad privada que llegó a gestionar 31 centros de acogida de menores migrantes en Canarias, recibiendo más de 131 millones de euros en adjudicaciones públicas del Gobierno canario. Su director de operaciones y apoderado fue afiliado e histórico cargo local del PSOE en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. La oposición en diversos parlamentos regionales ha denunciado frecuentemente la incorporación de ex-altos cargos de servicios sociales autonómicos o ex-concejales a puestos de consultoría o asesoría técnica privada en este tipo de compañías tras abandonar la política. Ex-directores generales de Infancia pertenecientes a partidos como ERC han comparecido en comisiones de investigación parlamentarias por presuntas irregularidades en contratos de emergencia de centros de menores, alegando la falta de presupuestos ante llegadas masivas. En Ceuta, lo que suele cuestionarse es el elevado número de contrataciones de emergencia, que llevan menos controles y, por tanto, pueden favorecer más la contratación a dedo o el clientelismo político.
Cualquier ciudadano o periodista de investigación puede ver exactamente qué entidad ha cobrado y qué cuantía ha recibido para la gestión de un centro o piso de acogida específico. Todas estas adjudicaciones están obligadas por ley a publicarse en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en los boletines oficiales de cada comunidad autónoma bajo los conceptos de “servicios de atención residencial integral a menores extranjeros no acompañados”.
Concretamente, en la gestión directa de los menores extranjeros solos en Ceuta, las principales adjudicatarias de convenios o subvenciones son o han sido:
Asociación Engloba: Una de las entidades con contratos de mayor volumen. Firmó un acuerdo relevante con el Ejecutivo ceutí destinado específicamente a la atención residencial de 100 menores extranjeros no acompañados. Hoy esa cifra se ve ridícula.
Fundación SAMU: Entidad andaluza fuertemente implantada en zonas fronterizas. Gestiona centros de emergencia ante contingencias como la de mayo de 2021; por ejemplo, Piniers.
Cruz Roja Española y Save the Children: Reciben fondos recurrentes para la primera filiación, traducción, apoyo psicosocial e identificación de personas vulnerables. En esta crisis fronteriza e institucional de 2026 sólo se ha visto repartir bolsas de alimentos. ¿Había alguna orden de no iniciar estas tareas de filiación? ¿Por parte de quién?
Fundación Cruz Blanca y Fundación Márgenes y Vínculos: Entidades especializadas en la inclusión sociolaboral a medio plazo.
Márgenes y Vínculos. Inauguró recientemente en la ciudad un centro de atención integral infantil bajo el modelo Barnahus.
ONG Luna Blanca: Organización local de Ceuta que colabora de manera estrecha en la logística alimentaria, traducción y soporte de campamentos provisionales, como la magnífica labor que han realizado atendiendo a mujeres y niñas en esta última entrada masiva ciudad.
Empresas multiservicios de formación y ocio, como Josuca Ceuta S.L., son adjudicatarias recurrentes de contratos menores vinculados a planes de inserción sociolaboral en dependencias vinculadas al área de menores y servicios sociales.
Además, la Ciudad Autónoma de Ceuta licita con frecuencia contratos millonarios por la vía de emergencia, para agilizar los plazos legales, adecuando carpas, módulos y naves industriales y gestionando el traslado aéreo o marítimo de menores a la Península.
Si el Ministro de Obras Públicas y Transporte ha dado un golpe en la mesa, saltándose el sentir del pueblo ceutí y de su Gobierno local, también podrá hacerlo para que estas comarcas envejecidas acepten la llegada de estos menores a sus centros. Ganarán con ello, seguramente. Y si individualmente quieres ayudar como ciudadano, puedes solicitar información a tu centro de servicios sociales o a las ONGs mencionadas sobre los requisitos y procedimiento para acceder al programa de familias de acogida para menores (que incluye a los menores extranjeros no acompañados).
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Marruecos ha construido en Casablanca por mil millones de euros un estadio de fútbol.
Manejando ese presupuesto solo para un estadio ¿no va a ser capaz de atender a 2.000 menores?
Todo lo demás en este artículo se derrumba.