La titular del
Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta ha ordenado el archivo de la causa abierta a finales de septiembre a raíz de las declaraciones de tres personas ligadas directamente al exconsejero de Sanidad,
Javier Guerrero, que aseguraron saber que algunos
menores habían sido coaccionados y “extorsionados” para señalar al médico por comportamientos (delitos “que no se pueden decir”, según sus propias palabras) que a principios de año desembocaron en una
prohibición de que siguiera accediendo a los centros de acogida de la Ciudad. Según el auto de la magistrada, a cuyo contenido ha tenido acceso este periódico, “de lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que dio motivo a la formación de la causa”, en la que se investigaban supuestas coacciones y que según Guerrero iba a demostrar que estaba siendo víctima de una trama de “poderes fácticos” para impedir que llegue a presidir la Ciudad. Efectivos de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de
la Jefatura Superior de la Policía Nacional se hicieron cargo de la instrucción de las declaraciones efectuadas por un trabajador de Cruz Roja, un vigilante de seguridad y una monitora que apuntaron al director del Centro de Realojo Temporal de
La Esperanza, el responsable de SAMU en esas mismas instalaciones de Hadú y un trabajador de la misma fundación como autores de supuestas
presiones a niños para difundir comportamientos impropios de Guerrero. Los agentes encargados de las pesquisas han interrogado en sede judicial a un mínimo de cuatro menores, ninguno de los cuales ha respaldado las denuncias contra los señalados, por lo que se ha decretado el sobreseimiento provisional de las diligencias con las que el fundador de 'Ceuta Avanza' pretendió presentarse ante la opinión pública como víctima de una “corruptela” que se asentaría en ofrecer y “prometer” a algunos menores “traslados a la península” a cambio de “que me denuncien”. El funcionario y el resto de señalados ya han encargado a sus abogados que preparen la adopción de acciones legales contra las personas que formularon las acusaciones en su contra por denuncias falsas, así como contra los instigadores de las mismas, si los hubiera, tras ser señalados con nombres y apellidos como responsables de “movimientos mafiosos e indecentes” y de “ciertos tratos, ciertas actitudes”, que le habrían llevado a romper su colaboración con la administración. No es cierto. Guerrero no solamente fue
apartado por el Área de Menores de la Ciudad de sus centros, que empezó a frecuentar tras la crisis migratoria de mayo de 2021: “Si comprar unos calzoncillos y unos calcetines para que jueguen 3 chavales al fútbol es un delito lo asumo”, concedió antes de anunciar que “ahora me toca desaparecer” e indicar que “entiendo perfectamente la función institucional [del guardador legal] entiendo lo de los regalos, nunca actué al margen de nadie. Nunca quise romper mi relación con vosotros”. El gerente de Atención Sanitaria de la Dirección Territorial del INGESA también le prohibió expresamente por escrito “proporcionar obsequios de cualquier naturaleza a los menores de edad que se encuentran a cargo de la Ciudad Autónoma sin la previa y expresa autorización por parte de Fundación SAMU”. Así se le comunicó tras la apertura de un “procedimiento informativo” sobre la forma en la que Guerrero seguía recibiendo y atendiendo a niños migrantes no acompañados en el Hospital Universitario y no solo allí. El facultativo aseguró sobre un caso concreto que la exploración que había practicado a un niño se había realizado “a voluntad y petición del menor, estando el acompañante del menor en todo momento en la habitación y encontrándose el baño con la puerta abierta”.